La Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que la corrupción, la impunidad y el crimen organizado, entre otros factores, representan un serio retroceso para el estado de derecho en Guatemala y se han visto afectados los derechos fundamentales de sus habitantes. James Cavallaro, presidente de la CIDH, dio a conocer un informe a la prensa sobre Guatemala tras reunirse el lunes en privado con el presidente guatemalteco Jimmy Morales, a quien presentó las conclusiones del organismo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que la corrupción, la impunidad y el crimen organizado, entre otros factores, representan un serio retroceso para el estado de derecho en Guatemala. «La impunidad, la corrupción, el crimen organizado, la violencia política y la exclusión social…representan un serio peligro de retroceso en la vigencia efectiva del estado de derecho», dijo Cavallaro. La impunidad, la inseguridad ciudadana, la marginación y discriminación en Guatemala «han afectado en forma severa los derechos humanos de sus habitantes».
Expresó que tenía información que reflejaba que el 98,4% de homicidios denunciados queda en la impunidad, e indicó que al organismo le preocupaba «la situación de las y los defensores de derechos humanos, periodistas, mujeres, niñas, niños y adolescentes», como también la de la comunidad gay y los migrantes.
Respecto a los pueblos indígenas, expresó que «han visto afectado su derecho al territorio ancestral, no son consultados y sufren graves niveles de exclusión y desigualdad…», explica el informe. También expresó la preocupación por la participación de las fuerzas militares en el ámbito de la seguridad pública «que debería corresponder a la policía».
La CIDH también reclama que el estado de Guatemala dejó de cumplir las recomendaciones y sentencias que la Corte Interamericana ha emitido contra el estado por violaciones a sus habitantes, especialmente en casos que tiene que ver con las violaciones ocurridas durante el conflicto armado en Guatemala (1960-1996). «La CIDH observa con preocupación que, durante la administración del ex Presidente (Otto) Pérez Molina, el gobierno rechazó la calificación de los hechos del conflicto como genocidio, con su efecto devastador sobre las comunidades indígenas», dice el informe.
