El juicio contra 11 personas en Panamá por el envenenamiento masivo con un jarabe para la tos que causó hace una década al menos 400 muertes se inició el lunes, ante el reclamo de justicia de familiares de las víctimas. El juez del Segundo Tribunal de Justicia, Luis Marcos Carrasco, dio inicio a la audiencia contra 11 acusados de delitos contra la salud pública, la vida e integridad personal por intoxicación masiva con un jarabe.
Veintisiete personas fueron imputadas al principio, cifra que se redujo a 11, entre ellos Ángel De La Cruz y Teófilo Gateno, como responsables de Medicom, la compañía de Panamá que elaboró el jarabe, distribuido luego por el Seguro Social panameño. Cientos de pacientes panameños resultaron intoxicados con ese jarabe contaminado con dietilenoglicol, un producto de uso industrial no apto para consumo humano. «No nos sentimos tan optimistas. Las partes se la han pasado dilatando todo este proceso (…) y aquí vale más el dinero que las vidas humanas», dijo a la AFP Mitzila Donado, hija de uno de los fallecidos.
Su papá, un jubilado de 68 años, acudió al médico del sistema público el 1 de agosto de 2006 para aliviarse de la tos y el doctor le recetó un expectorante que resultó estar contaminado con dietilenoglicol. «Pedimos que dejen ya de estar burlándose de las víctimas, de los fallecidos y que se tome en cuenta esta injusticia. Fue un genocidio por una institución del Estado donde fuimos a buscar salud y nos dieron un veneno», añadió Donado.
El dietilenoglicol se encontraba en nueve toneladas de glicerina enviadas por el grupo chino CNSC Fortune Way Company a la farmacéutica española Rasfer Internacional, que las vendió a Medicom. Oficialmente, hay unos 400 fallecidos por tomar el jarabe tóxico y 300 sobrevivientes, aunque algunas organizaciones elevan esa cifra a 10.000 fallecidos y 2.000 sobrevivientes, puesto que entre 2004 y 2008 se distribuyeron 240.000 envases con este jarabe. «Vamos a tomar todas las acciones para que no se dé la impunidad», dijo a la AFP Gabriel Pascual, presidente del comité de afectados. En 2013, el entonces presidente Ricardo Martinelli (2009-2014) pidió «disculpas» en nombre del Estado panameño y calificó lo ocurrido como «homicidio masivo».
