Familiares del activista mexicano Gustavo Castro, testigo del asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, pidieron este jueves una mayor protección para él y aseguraron que la jueza del caso parece predispuesta a acusarlo del crimen.
«Consideramos que la embajada de México en Honduras debe redoblar los esfuerzos para restituir los derechos a Gustavo Castro y proteger su integridad física y psicológica (…) frente a una detención ilegal en Honduras y el peligro de su criminalización», dijo Oscar Castro, hermano del activista, en rueda de prensa.
Gustavo Castro permanece en la embajada de México en Tegucigalpa luego de sufrir heridas de bala en un brazo y una mejilla durante el ataque en que fue asesinada Berta Cáceres el 3 de marzo, en La Esperanza, 200 km al noroeste de la capital.
La dirigente indígena y ambientalista era presidenta del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y encabezaba la lucha contra un proyecto hidroeléctrico en el río Gualarque, que se desarrolla dentro de territorio indígena.
Oscar Castro explicó a la AFP que su hermano testificó ante el juzgado que él estaba despierto y vio a uno de los asesinos, que fue quien le disparó «a él directamente con la intención de darle en la cabeza».
Gustavo pudo ver al asesino sin capucha «y por eso es testigo clave» en la investigación del crimen, indicó su hermano.
«El reconocimiento facial a través de fotografías lo puede hacer (Gustavo) desde México», sugirió Oscar y añadió que la fiscalía tiene un retrato hablado hecho con la información que dio su hermano.
Gustavo Castro intentó regresar a México el domingo, pero las autoridades migratorias lo retuvieron como testigo.
Oscar Castro denunció que la jueza que lleva el crimen, Victorina Flores, inhabilitó a la abogada que ellos nombraron, Ivania Galeano, y se niega a dar copia escrito del testimonio.
«Con estos indicios tememos que (la jueza) esté predispuesta a fincar responsabilidades penales a Gustavo Castro, víctima, testigo y defensor de derechos humanos», subrayó Oscar.
Por su parte, el relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, pidió al gobierno de Honduras que garantice la seguridad de Castro.
«Exhorto a las autoridades hondureñas a garantizar que la vida de Castro no corra más riesgos en el país y a permitir que regrese a México lo más pronto posible», demandó Forst desde Ginebra.
«El asesinato de Berta es una trágica llamada de atención al Estado hondureño, para que prevenga estos actos de violencia, proteja a los defensores de derechos humanos y lleve a los responsables ante la justicia», dijo Forst.
