La Corte Suprema de Justicia ordenó el viernes la presidencia que en un plazo de tres días hábiles entregue toda los registro de viajes oficiales del exmandatario Mauricio Funes y la primera dama, y advirtió que de no dar cumplimiento se notificará a la Fiscalía a fin de que haga las investigaciones para determinar la posible comisión de delitos.
También deberían de remitir a la Corte la información concerniente a las actividades protocolarias de alimentación, transporte y estadía de funcionarios internacionales que visitaron El Salvador en el mismo período y los gastos de publicidad para el año 2010 y sus prórrogas.
La orden de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema se produce por el incumplimiento de la Presidencia, ante una orden del pasado 19 de enero, para que remitieran toda la información relacionadas a los viajes oficiales del exmandatario y su esposa Vanda Pignato, durante su mandato de 2009 a 2014.
Según la Corte, la presidencia solo ha resguardado y remitido copia de los documentos concernientes a los servicios de las agencias de publicidad para el diseño, producción e implementación de campañas para el año 2010 y sus prórrogas, uno de los tres asuntos abordados en la medida cautelar.
La Sala indicó que sobre los otros dos requerimientos de información, la presidencia ha revelado «nuevas circunstancias que resultan preocupantes». Según la resolución judicial, el presidente Salvador Sánchez Cerén dijo que «se desconoce el paradero de la información relativa a los viajes» de Funes y Pignato, «así como aquella relacionada a los gastos protocolarios de las misiones internacionales que visitaron el país».
En caso de incumplimiento, la Corte ordenará a la Fiscalía que «lleve a cabo las investigaciones pertinentes pueda determinar la posible comisión de delitos y las deducciones de responsabilidad correspondiente».
La Corte Suprema intervino luego que la presidencia se negara a entregar la información demandada por la Fundación Nacional para el Desarrollo, con el argumento de que revelar los viajes pondría en riesgo la seguridad del actual presidente debido a que a que los protocolos de seguridad, logística y transporte seguían siendo los mismos.
El expresidente Funes que llegó al poder postulado por el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), enfrenta un juicio civil por enriquecimiento ilícito.
