Sindicatos de empleados públicos cesaron el miércoles sus actividades y realizaban protestas en varios puntos de Buenos Aires en rechazo a miles de despidos en la administración pública, en la primera huelga que enfrenta Mauricio Macri desde que asumió el poder.
El momento central de la jornada de protesta que se inauguró con cortes en las arterias principales de la capital argentina y en distintas carreteras del país será en la Plaza de Mayo, donde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA) y grupos radicales de izquierda como Quebracho se concentrarán en reclamo del cese de los despidos y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.
Miembros de la CTA advirtieron que si Macri, un conservador que asumió el poder en diciembre, desoye los reclamos, la protesta «se profundizará».
José Peralta, secretario general de la CTA en Buenos Aires, llamó a movilizarse también por «las cesantías que se producen en el ámbito privado y la pérdida del poder adquisitivo de todos los trabajadores, estén o no incluidos en el sistema laboral formal».
«Se está tratando de disciplinar a la clase trabajadora en lo inmediato, como estrategia para condicionar las negociaciones salariales», dijo el sindicalista en referencia a las rondas de conversaciones abiertas en distintos sectores para establecer nuevos aumentos que contrarresten la inflación, que economistas y sindicatos calculan de 35% para 2016.
Argentina es el país con mayor inflación en América Latina.
Los manifestantes también exigen aumentos en las jubilaciones y distintos subsidios sociales y se oponen a un nuevo protocolo de organización de las protestas callejeras anunciado por el gobierno que prevé en determinadas instancias la desconcentración mediante el uso de la fuerza policial.
Los cortes de calles que realizaron hasta el momento agrupaciones de izquierda en el centro de la capital, en un claro desafío al debut de ese protocolo, no generaron ninguna reacción de las fuerzas de seguridad.
Macri se ha propuesto reducir el Estado por considerar que la última administración de Cristina Fernández (2007-2015) lo sobredimensionó. Recientemente reconoció 6.200 despidos de empleados públicos y advirtió que podría ordenar más, lo que ha puesto en pie de guerra al sindicato de estatales.
Los despidos corresponden a distintas áreas del Poder Ejecutivo y según el gobierno se trataron de casos justificados en los que se comprobó que había personas que no concurrían a su lugar de trabajo.
ATE ha denunciado en tanto que en los últimos dos meses se han producido más de 20.000 despidos «en todas las modalidades de contratación existentes en los tres niveles del Estado, a lo que se suman jubilaciones compulsivas».
