El grupo de expertos internacionales que investiga junto a la fiscalía mexicana la desaparición de 43 estudiantes en el sur de México denunció el domingo serios obstáculos a su trabajo que podrían poner en riesgo el acceso a la verdad y la determinación de responsabilidades ante unos crímenes considerados como los peores de la historia reciente de México.
En concreto, denunciaron la filtración de declaraciones de algunos detenidos clave «que no responden a la verdad» o han sufrido alteraciones con la aparente intención de alentar versiones que no se sustentan, así como la apertura de nuevos expedientes con información sacada de la investigación central, con lo que los expertos ven bloqueado su acceso a esas nuevas averiguaciones.
El 26 de septiembre de 2014 policías vinculados con el crimen organizado lanzaron una serie de ataques en Iguala, en el sureño estado de Guerrero, contra alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa que se cobraron la vida de seis personas y acabaron con la desaparición de 43 estudiantes cuyo paradero todavía se desconoce.
Ante la conmoción que supusieron tales crímenes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos envió un grupo de expertos para trabajar con las autoridades mexicanas. En su primer informe, de septiembre de 2015, echaron por tierra la versión oficial de que los 43 jóvenes habían sido quemados por miembros del crimen organizado en un basurero de la localidad de Cocula y denunciaron obstrucción a la justicia por parte de algunas autoridades.
Ahora, aunque dicen que existe un nuevo equipo oficial de investigación con el trabajan bien, denunciaron obstáculos desde otros sectores que no identificaron.
Por ejemplo, mostraron su preocupación por el hallazgo de unos restos óseos que no han sido procesados y que no se sabe si tienen que ver o no con los estudiantes desaparecidos aunque se llegó a ellos gracias a declaraciones de los familiares de los 43 y estaban en un lugar llamado La Carnicería, que aparece en varios momentos de la investigación.
Este hallazgo «desapareció» de la investigación central, que es a la que tienen acceso los expertos, para ir a otro expediente, al que no tienen acceso, explicó la colombiana Angela Buitrago. Otras veces, nuevas declaraciones en lugar de integrarse al caso central quedaron en expedientes separados
«Cualquier información relevante que no se allegue a la investigación de los desaparecidos genera pérdida de información fundamental para la elaboración del contexto y para la determinación de responsabilidades», agregó.
Los expertos también denunciaron que la nueva versión de los hechos que fomenta el gobierno y que dice que un grupo de 17 estudiantes ya no todos fueron quemados en el basurero, no tiene sustento.
Además, mostraron su preocupación ante la posibilidad de que parte de la investigación fracase después de que la justicia mexicana haya amparado a 22 policías por falta de pruebas aunque esta sentencia está recurrida y dado que hay 50 quejas de inculpados, incluidas denuncias por tortura, pendientes de resolución.
The Associated Press ya adelantó en enero los riesgos de ese amparo en el que la propia justicia mexicana advertía de errores e inconsistencias cometidas por los primeros investigadores que se acercaron al lugar de los hechos y cuyo trabajo es la base de la mayoría de los procesos penales que se encuentran en marcha.
El grupo de expertos denunció también una campaña de acoso contra parte de sus miembros, de reconocido prestigio internacional, cuyo único objetivo es crear confusión y «cerrar el espacio para la búsqueda de la verdad» como parte de los «mecanismos de impunidad» que existen en el país, indicó el médico español Carlos Beristain.
Asimismo, insistieron en que las autoridades todavía no les han permitido estar presentes en declaraciones a los militares que fueron testigos clave de las desapariciones la noche del 26 de septiembre ni les han facilitado videos que podrían esclarecer lo que pasó esa noche.
El domingo por la tarde, la fiscalía mexicana emitió un comunicado en el que reafirma su disposición a trabajar con los expertos, niega que se esté fragmentando la investigación, anuncia que ya investiga las filtraciones de información y reitera que el caso sigue abierto.
Los expertos de la Comisión Interamericana informaron que las búsquedas de los estudiantes continúan y que ya expusieron a la fiscalía mexicana los problemas con los que se están encontrando con la esperanza de que sean corregidos. El grupo deberá presentar su informe final en el mes de abril.
