El gobierno argentino advirtió este jueves que tendrá tolerancia cero para los bloqueos de rutas en movilizaciones callejeras. El aviso se da un día después de que los accesos a la capital argentina permanecieron cortados durante cuatro horas por manifestantes.
«Si no se van en cinco o diez minutos, los vamos a sacar. No podemos dejar que el país sea un caos», dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a radio La Red al explicar el nuevo protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas.
El miércoles decenas de bloqueos simultáneos y pacíficos en los principales accesos sitiaron la capital federal. Organizaciones sociales reclamaron liberar a la dirigente social y parlamentaria del Mercosur Milagro Sala, encarcelada en Jujuy (norte) desde hace un mes en una polémica causa judicial.
La policía se limitó a desviar el tránsito hasta que los manifestantes se retiraron en forma pacífica.
Pero según el nuevo protocolo «a partir de ahora todos van a saber a qué atenerse», dijo Bullrich.
«Les vamos a decir que se vayan por las buenas. Y se van o los sacamos», advirtió la ministra, aunque aseguró que los desalojos se harán sin armas letales.
«Habrá un uso mínimo de la violencia legítima, pero sin armas de fuego», dijo.
La ministra consideró que «hay sectores que todavía no asumen que las cosas han cambiado y que ahora no gobiernan».
«Tienen que aceptar un orden democrático distinto. Antes podían cortar (rutas y calles) a toda hora y todo el día, nosotros no pensamos eso», dijo la ministra del gobierno del presidente de centroderecha Mauricio Macri.
Su antecesora, la expresidenta peronista de centroizquierda Cristina Kirchner (2007-2015) tenía una política de tolerancia hacia las manifestaciones callejeras.
Bullrich aclaró sin embargo que «no se van a prohibir las manifestaciones», derecho contemplado en la Constitución.
«No se van a prohibir las que estén programadas y se avisa de cuál es el recorrido», dijo.
El nuevo protocolo se anuncia en un contexto de mayor crispación social por miles de despidos en el sector público y privado, una inflación del 30% en 2015 y el inicio de negociaciones anuales salariales entre sindicatos y empresas.
Decenas de casos de violencia policial han pasado por los tribunales de Argentina en los últimos años, un país donde siguen abiertas las heridas que dejó la represión del Estado durante la dictadura (1976-1983).
El más emblemático fue la llamada masacre de Avellaneda cuando policías acribillaron a dos jóvenes desarmados e hirieron de bala a 33 personas en una manifestación en 2002, en un contexto de crisis económica y frecuentes protestas.
