Al tiburón martillo se lo considera una especie en peligro de extinción y por ello está protegido por convenciones internacionales, pero su aleta, es codiciada en Asia, lleva a que los pescadores sigan yendo detrás de ella y en Costa Rica han llegado a cortar rutas para que se les permita exportarlas.
Una serie de decisiones del gobierno de ese país beneficiosas para el sector pesquero terminó dejando en una situación comprometida a su presidente.
Luis Fernando Solís fue nombrado «Enemigo de los tiburones 2016» por la organización alemana SharkProject por considerar que en su mandato se han dado serios retrocesos en la protección de esta especie.
SharkProject, que agrupa a una treintena de organizaciones ambientalistas dedicadas a la protección del mar, aseguró en los últimos días que Solís permitió exportaciones de aletas de tiburón martillo y eliminó reglamentos de protección a la especie.
Las autoridades defienden la actuación del gobierno. Aseguran que las organizaciones ambientalistas se basan en información errónea y que buscan armar un escándalo para ganar visibilidad y conseguir recursos.
«Nos trataban de hipócritas»
«Fue un gran golpe, fue vergonzoso», le dice a BBC Mundo Randall Arauz, director de la organización costarricense Programa Restauración de la Tortuga Marina (Pretoma), integrante de SharkProject.
El gobierno costarricense apoyó en 2013 la inclusión del tiburón martillo (Sphyrna lewini) y del sedoso (Carcharhinus falciformis) en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites, por sus siglas en inglés).
Ello implica que su comercio está prohibido a menos que la autoridad científica del país exportador pueda probar que su venta no afectará la población de la especie.
Pero tiempo después, dice Arauz, el gobierno tomó decisiones contradictorias.
«Nos trataban de hipócritas en la prensa de Hong Kong», dice sobre el principal centro mundial para el comercio de aleta de tiburón martillo.
En algunos países asiáticos el consumo de sopa de aleta es motivo de distinción social y un kilo puede alcanzar los US$200.
Se estima que 73 millones de tiburones son capturados cada año por sus aletas y luego son dejados en el mar para que mueran.
La llamada práctica del «aleteo» está penada con cárcel en Costa Rica pero eso no ha impedido que los pescadores lo sigan haciendo. Detrás hay un negocio que se calcula ronda los US$45 millones al año.
En el mundo cada vez son más los países que prohíben el comercio de las aletas, cadenas de hoteles y restaurantes han dejado de ofrecerlas y hasta aerolíneas y compañías de transporte ya no permiten su traslado.
Sin embargo, los ambientalistas señalan que Solís permitió una exportación en dos cargamentos, en diciembre de 2014 y en febrero de 2015, de 901 kilos de aletas de tiburón martillo sin que se realizara un informe previo que determinara que no había perjuicios por esta pesca.
Y aseguran que el gobierno eliminó reglamentos de protección a la especie, cuya población mundial se redujo 90% en las últimas dos décadas.
La autorización provocó el año pasado protestas frente a oficinas del gobierno.
«Se declaró la exportación de interés público y el país se separó del criterio científico de Cites, se declaró por el interés público porque los pescadores estaban protestando», añade Arauz sobre las manifestaciones de septiembre pasado luego de que las autoridades anunciaran la suspensión de las exportaciones.
«Actitud distinta»
Para el gobierno es «lamentable» que señalen al presidente como un enemigo de los tiburones cuando consideran que «más bien ha habido toda una actitud distinta», le dice a BBC Mundo el ministro de Ambiente, Edgar Gutiérrez.
El secretario reconoce que tras un encuentro con pescadores el año pasado, el gobierno se comprometió a no incluir nuevas especies de tiburón en convenciones internacionales «si la evidencia científica así no lo dictaba».
Para Gutiérrez, Costa Rica necesita hacer un mejor uso del recurso pesquero, un sector históricamente «muy marginado», y para ello es necesario apoyarse en la ciencia para cuantificar las poblaciones existentes y así determinar una «extracción no perjudicial».
«Estamos en el proceso de conseguir esa información», dice el ministro, quien admite que el objetivo es que se conozca más sobre las especies «para garantizar su aprovechamiento sostenible».
Arauz califica la postura del gobierno como «esquizofrénica» y señala que se trata de «un gran atentado contra el principio precautorio».
«Todos sabemos que no hay estadísticas, a ciencia cierta no se sabe cuántos tiburones quedan en el mar. Es demasiado tarde, el ministro habla sin conocer. Estas poblaciones están al borde de la extinción», afirma el director de Pretoma.
Reunión internacional
En Costa Rica que se ha hecho una imagen de país amigable con el medio ambiente y que se beneficia del auge del «ecoturismo», los cuestionamientos no son tomados a la ligera.
Ya en 2006 SharkProject había nombrado al entonces presidente Abel Pacheco como «enemigo» de los tiburones, una situación que se revirtió en 2013 cuando la mandataria Laura Chinchilla se llevó el reconocimiento de «Guardiana de los tiburones», que también entrega la organización.
Un año antes Chinchilla había decretado la prohibición de la pesca de aleta de tiburón, su comercio e importación.
El gobierno de Solís organiza este mes un encuentro internacional que busca desarrollar un plan de conservación para las especies del Anexo II de Cites.
Tras la reciente polémica esperan poder mostrar ante la comunidad científica qué están haciendo para proteger a sus tiburones.
