El acrónimo que por décadas identificó a la capital mexicana, el DF o Distrito Federal, desaparece oficialmente este viernes. Pero la rebautizada Ciudad de México no sólo cambia de nombre, también de estatus: se emancipa del gobierno y adquiere competencias similares a las de los estados.
La capital mexicana tendrá su propia Constitución y Congreso, podrá legislar en materia de seguridad y finanzas, aprobar o rechazar reformas constitucionales o acceder a millonarias ayudas federales que hasta ahora le eran vedadas.
El jefe de gobierno o alcalde, que adquirirá funciones parecidas a las de un gobernador pero sin tener ese título, será el encargado de nombrar a su jefe de seguridad y de policía en lugar de hacerlo el presidente mexicano, y la capital podrá contratar deuda pública sin el consenso del Congreso Federal.
La transformación de la ciudad empieza a formalizarse este viernes con la promulgación de la reforma política capitalina por parte del presidente Enrique Peña Nieto y culminará en 2017 con la aprobación de la nueva Constitución.
De este modo, la superpoblada y progresista capital mexicana estrena oficialmente acrónimo, CDMX, y arranca el camino para convertirse en una reformada «entidad federativa» del país y prácticamente sea el 32° estado de México.
El nuevo estatus de la Ciudad de México se desmarca del que mantienen Washington DC (Distrito de Columbia) o Brasilia, que siguen dependiendo fuertemente de sus gobiernos.
