Costa Rica: Cura conducía con 0,65 mg de alcohol

Por contar con arraigo y los requisitos suficientes para quedar sujeto al proceso penal, la Fiscalía Adjunta de Alajuela, Costa Rica. Dejó en libertad sin medidas cautelares a un sacerdote de apellidos Araya Alpízar, quien es sospechoso de atropellar un motociclista y darse a la fuga cuando conducía ebrio.

Araya fue detenido durante la madrugada del sábado, luego de que aparentemente irrespetara una señal de alto y arrollara al conductor de la moto en El Llano de Alajuela. Pero, fue alcanzado metros después por varios.

Según detalló el Ministerio Público, la alcoholemia hecha al sacerdote dio con un resultado de 0.65 miligramos de alcohol por cada litro de sangre, cuando lo permitido es menos de 0.25 miligramos con la prueba del alcohosensor.

“Asimismo, al imputado se le practicó una prueba de sangre, cuyo resultado se conocerá en las próximas semanas. La investigación por este caso continúa”, acotó la entidad.

En su intento de fuga, el sacerdote colisionó y abolló uno de los portones de la Casa Cural de la Diócesis. Tras su detención, fue llevado a la Fiscalía y quedó en libertad horas después. El joven atropellado permanece en condición delicada en el Hospital México.

“La Fiscalía de Alajuela informó que tramita el expediente 16-000154-305-PE, en contra de un hombre de apellido Araya, por los delitos de conducción temeraria y lesiones culposas agravadas. En conjunto con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Fiscalía se encuentra recopilando elementos de prueba para esclarecer los hechos ocurridos la madrugada del sábado 9 de enero, en el centro de la ciudad de Alajuela”, indicó la entidad, vía correo electrónico.

La oficina Fiscalía, reiteró que las medidas cautelares se dictan normalmente cuando existe un peligro procesal para evitar fugas u obstaculizaciones durante la investigación.

En el caso de Araya, “cuenta con arraigos sólidos para que el proceso continúe sin medidas cautelares”.

“Se corroboró la inexistencia de peligros procesales y la existencia de arraigos establecidos por la legislación costarricense (domiciliar, laboral, familiar)”, citó el correo.