Al menos 105 cadáveres no identificados habrían sido enterrados por funcionarios judiciales en una gran fosa clandestina hallada en un estado central en México, dijeron el viernes autoridades.
El hallazgo ocurrió a partir de la búsqueda que hizo la familia de un hombre que fue secuestrado y asesinado en 2013 y cuyo cadáver, a pesar de haber sido identificado con pruebas de ADN, fue enviado a la fosa, como suelen hacer las autoridades cuando los cuerpos no son reclamados.
Es usual que debido a los altos índices de violencia que azota al país y el desorden que existe en las fiscalías, muchos fallecidos no sean identificados y terminen en fosas comunes, pero éstas normalmente se encuentran en cementerios y cuentan con permisos. Pero la de este caso en particular no estaba regulada.
«Se sabe en este momento que serían unos 105 cuerpos, pero no es un número final», dijo a Reuters un funcionario de la fiscalía estatal sobre los cadáveres hallados en la fosa ubicada en Tetelcingo, una pequeña comunidad indígena de Morelos, uno de los estados con mayor índice de secuestros del país.
«Los cuerpos estaban dentro de bolsas donde también había, aunque no en todos, una botella de plástico con el número de carpeta de investigación. Todos estaban en una sola enorme fosa», dijo a Reuters un representante de la Comisión de Derechos Humanos del estado que prefirió omitir su nombre por no estar autorizado a declarar.
La fiscalía de Morelos dijo en una nota que los empleados serán investigados por «incumplimiento de funciones públicas, ejercicio indebido de servicio público, violación a las leyes sobre inhumación y exhumación de cadáveres».
No se precisó el número de funcionarios involucrados en la inhumación clandestina, ni tampoco desde cuándo pudieron haber utilizado la zona para enterrar los cuerpos de las morgues.
En México se han presentado casos de entrega errónea de cadáveres y hasta se ha llegado a declarar muertas a personas que no lo están, en el marco de una guerra contra los violentos cárteles del narcotráfico que lleva casi una década y ha desbordado a los servicios forenses.
MÉXICO DF (Reuters)
