México se comprometió el martes a relanzar la investigación para esclarecer el paradero de 43 estudiantes desparecidos desde septiembre del 2014, tomando las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque no permitirá al grupo de expertos interrogar directamente a efectivos militares.
Eber Betanzos, subprocurador de derechos humanos de la Procuraduría General de la República, dijo en una audiencia que su despacho acepta «plenamente» el informe elaborado por los cinco expertos.
Una de las especialistas, la colombiana Angela Buitrago, dijo en la misma audiencia que el Estado mexicano y el grupo de expertos llegaron la víspera a un acuerdo.
«Se ha decidido relanzar la búsqueda con las autoridades competentes con una estrategia basada en las líneas trazadas por el grupo, incluyendo el uso de la tecnología, mapa de fosas y otros lugares identificados, y estableciendo una ruta de acciones acordadas por los familiares», indicó Buitrago.
La desaparición de los 43 estudiantes de una escuela normal rural el 26 de septiembre de 2014 ha sacudido desde entonces al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Los familiares de los estudiantes se han rehusado a aceptar la versión del gobierno de que la policía local de la ciudad de Iguala detuvo a los alumnos y los entregó a un cártel del narcotráfico, que los mató e incineró los cuerpos en un basurero.
Los expertos independientes y los padres de los estudiantes han exigido que se pregunte a efectivos militares por qué no intervinieron pese a que el ejército monitoreó de cerca la situación, pero el secretario de Defensa, general Salvador Cienfuegos, se ha negado a que sus soldados testifiquen en ese caso ante otro organismo que no sea la fiscalía mexicana.
Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación de México, dijo en la audiencia a los expertos que será posible obtener información de los efectivos militares a través del Ministerio Público, pero dio a entender que los expertos no podrán tener un careo.
Los expertos designados por la comisión rechazaron los hallazgos y tras revisar la investigación gubernamental durante seis meses aseguran que deben seguirse otras pistas tras concluir que una hoguera de esa magnitud no pudo haber ocurrido en el basurero.
WASHINGTON (AP)
