La Fiscalía colombiana pidió a la Corte Suprema de Justicia que investigue al expresidente y actual senador Álvaro Uribe por su presunto vínculo con una masacre perpetrada por paramilitares 18 años atrás, se informó el martes oficialmente.
Recientemente el exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias «Don Berna», relacionó a Uribe con la matanza de 15 personas en octubre de 1997 en el corregimiento El Aro, en el departamento de Antioquia y a unos 338 kilómetros al noroeste de Bogotá.
La oficina de prensa de la Fiscalía explicó por teléfono a The Associated Press que luego de que el grupo de fiscales colombianos que viajó a Miami para interrogar a «Don Berna» escuchara su versión decidió compulsar copias contra Uribe a la Corte Suprema para que establezca la veracidad de los dichos del ex capo narco-paramilitar.
Una compulsación de copias no equivale a una indagación formal como tal, sólo es la petición de un funcionario judicial para que la autoridad competente analice si hay o no méritos para pasar a una investigación formal.
En mayo de 2008 Uribe extraditó a Estados Unidos a los principales cabecillas del paramilitarismo -entre ellos a «Don Berna»- por cargos relacionados con el narcotráfico.
«Como que se buscaron ahora a uno de los peores criminales, extraditado por mi (gobierno), en calidad de testigo electoral en mi contra», escribió el martes el exmandatario en su cuenta de Twitter.
«Estoy acostumbrado a infamias y especialmente en épocas electorales», agregó el ex gobernante en referencia a las elecciones para gobernadores de departamentos, alcaldes, diputados de asambleas y concejales que tendrán lugar en Colombia en tres semanas.
Ya en febrero un tribunal regional había pedido a la Corte Suprema investigar a Uribe por los hechos de El Aro, ocurridos cuando él era gobernador de Antioquia (1995-1997).
Una compulsación de copias no equivale a una indagación formal como tal. Sólo es la petición de un funcionario judicial para que la autoridad competente analice si hay o no méritos para pasar a una investigación formal.
La de la jornada es una más de las decisiones que la justicia colombiana ha tomado en contra de Uribe desde que dejó la presidencia en agosto de 2010. Al exmandatario se lo señala por la comisión de delitos que van desde el auspicio de grupos paramilitares hasta espionaje a magistrados, periodistas, activistas y opositores durante su gobierno (2002-2010).
Uribe asegura ser víctima de una persecución política de la justicia y del presidente Juan Manuel Santos, quien en el pasado fue su ministro de Defensa y socio político.
El procurador general Alejandro Ordóñez salió el martes en defensa de Uribe y sostuvo que la compulsación de copias es una especie de favor a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Según dijo Ordóñez a la emisora RCN, «las FARC siempre han colocado como condición la judicialización del expresidente Uribe» para alcanzar un acuerdo de paz con el gobierno de Santos.
BOGOTA, Colombia (AP)
