Los padres de los estudiantes normalistas desaparecidos en México hace un año se reunieron el jueves con el presidente Enrique Peña Nieto y demandaron que se investigue a quienes realizaron la investigación inicial, ya revisada y cuestionada por un grupo de expertos internacionales así como que el resultado de la nueva investigación sea supervisado de nuevo por otra entidad internacional.
El gobierno mexicano, por su parte, anunció que nombrará un nuevo fiscal especial para los desaparecidos en el país, que resolverá las peticiones de los padres pronto, sin definir fechas.
El centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez que acompaña a los padres de los normalistas hizo público el documento que éstos le presentaron el jueves a Peña Nieto y en el que califican la relación entre las autoridades y las familias de las víctimas de «simulación» y «engaño».
Los padres hacen hincapié una vez más en que los responsables de la desaparición de los normalistas fueron «agentes y autoridades del estado» y que fue el estado el que permitió que «la narcopolítica se afincara en Guerrero», estado en el que sucedieron los hechos.
«Una y otra vez nos preguntamos cómo podríamos volver a confiar en una institución que se burló de nosotros», se lee en el texto.
La carta señala ocho peticiones que giran en torno a una petición reiterativa de investigación y supervisión internacional así como la crítica al gobierno entre peticiones de conocer la verdad de lo sucedido el 24 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, estado de Guerrero.
El presidente, por su parte, les «expresó su solidaridad … Les dijo que compartía su dolor… estamos del mismo lado … ustedes y yo buscamos la misma cosa» según informó el portavoz presidencial Eduardo Sánchez en rueda de prensa posterior.
Sánchez dijo a The Associated Press que el presidente ordenó a las autoridades que analizaran la viabilidad de cada una de las peticiones de los padres y se les diera respuesta, incluido el nombramiento de un nuevo fiscal que realizará nuevas investigaciones sobre el problema de los desaparecidos en el país.
El caso ha dado ya múltiples giros marcados por versiones alternativas que han sembrado un clima de desconfianza entre víctimas y estado.
Los estudiantes viajaron aquel día desde su escuela en la localidad de Ayotzinapa con el objetivo de requisar autobuses para desplazarse a una manifestación en la capital del país.
La versión oficial de los hechos siguientes es que policías municipales de Iguala bajo el mando del alcalde José Luis Abarca detuvieron a 43 de ellos y se los entregaron a un grupo de sicarios de un cártel local que a su vez financiaba y controlaba a la policía. Los sicarios los llevaron a un basurero en la localidad vecina de Cocula donde los interrogaron, ejecutaron a los que no habían fallecido durante el traslado para luego quemarlos y arrojar los restos en bolsas de plástico a un río.
Los padres nunca han aceptado lo que quien en su día fuera Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam denominó «la verdad histórica».
Un grupo de expertos independientes nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo pública una investigación sobre la indagación oficial desarrollada a lo largo de seis meses de trabajo y cuestionó la versión del incendio , que el gobierno sigue manteniendo.
Y el Equipo Argentino de Antropología Forense, invitado también a supervisar la investigación señaló que de los dos cadáveres identificados por la Universidad de Innsbruck, en Austria, que realizó análisis sobre el ADN de los restos localizados, no puede corroborar que uno de ellos se corresponda con quien dicen que se corresponde.
La Procuradora General de la república, Arely Gómez, ha mantenido que permitirá que nuevos expertos internacionales revisen la versión oficial de los hechos, que sigue dando por válida y los padres han defendido que no descansarán hasta saber que sucedió en realidad con sus hijos.
MEXICO (AP)
