MADRID, 13 enero 2014 (AFP) – Un juez español dictó este lunes prisión provisional para ocho miembros de una red de apoyo a presos de la organización separatista armada vasca ETA detenidos el miércoles en el País Vasco y Navarra, informó una fuente judicial.
El magistrado Eloy Velasco de la Audiencia Nacional (principal instancia penal española), que acusa a los detenidos de «pertenencia a organización terrorista», decretó prisión para todos ellos al considerar que existe riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, según la misma fuente.
Los detenidos, que fueron animados por un pequeño grupo de personas a su llegada por la mañana a la Audiencia Nacional, se negaron a declarar durante su comparecencia ante el juez, que duró cerca de dos horas.
El magistrado considera que los detenidos «integraban, al menos desde febrero de 2013, el órgano de ETA ‘KT Koordinazioa Taldea/Grupo de Coordinación’ que se constituye como enlace que permite la comunicación directa entre la dirección de ETA y sus militantes en prisión», según la misma fuente.
Las detenciones de estas ocho personas permitió la desarticulación del «tentáculo que permitía desde ETA controlar a los presos», había afirmado el miércoles el ministro del Interior de España, Jorge Fernández Díaz, tras la operación policial.
Esta operación, que llegó dos semanas después de que el colectivo de presos de ETA diseminados por cárceles españolas y francesas anunciase un flexibilización de sus posturas, fue recibida con «estupor» por el gobierno regional vasco frente a la satisfacción de Madrid.
La operación también tuvo lugar tres días antes de una manifestación prevista en favor de los presos de ETA en Bilbao, que tras su prohibición se convirtió en una nueva y masiva marcha el sábado bajo el lema «Derechos humanos, acuerdo, paz», donde también se escucharon gritos de «¡presos vascos, a casa!».
Muy debilitada por sucesivos golpes policiales, ETA, considerada responsable de la muerte de 829 personas en 40 años de atentados por la independencia del País Vasco y Navarra, anunció en octubre de 2011 «el cese definitivo de su actividad armada», pero sin disolverse ni entregar las armas.
