MADRID, 10 enero 2014 (AFP) – Los independentistas vascos se preparan para una gran movilización el sábado en Bilbao en apoyo a los presos de ETA, prohibida por la justicia española, mientras el gobierno sigue rechazando cualquier concesión al grupo armado separatista vasco.
Se trata de una decisión «muy grave», reaccionó este viernes tras el anuncio de la prohibición el gobierno regional vasco, dominado por los nacionalistas conservadores del PNV. El juez de la Audiencia Nacional (principal instancia penal española) Eloy Velasco ha «prohibido» esta manifestación al considerar que el grupo de apoyo a los presos Herrira, desmantelado en una operación policial el 30 de septiembre y cuyas actividades han sido suspendidas durante dos años por la justicia española, está detrás de los organizadores de la marcha.
De los documentos incautados durante esa operación, «se desprende que en el verano de 2013 Herrira es la diseñadora o autora de una dinámica llamada ‘Tantaz Tanta/Gota a gota’, cuyo objetivo es conseguir las máximas adhesiones posibles a sus movilizaciones sociales en apoyo a los presos de ETA», dice el juez Velasco.
El magistrado decidió prohibir «las actividades complementarias de apoyo, exaltación y financiación a favor de los presos de ETA» previstas el sábado en Bilbao.Mientras que los organizadores no han dado a conocer sus intenciones, el portavoz del gobierno regional vasco, Josu Erkoreka, denunció una decisión «incomprensible para la sociedad vasca».
Es «una decisión muy grave (…) en la medida en que año tras año hemos podido comprobar que manifestaciones idénticas se han venido celebrando sin ningún obstáculo, incluso en la época en que ETA estaba en activo», afirmó.Origen de esta movilización, la red denominada Tantaz tanta se presenta como una organización ciudadana y llama a una «movilización sin precedentes en la historia del País Vasco» para reclamar «la repatriación de los presos y presas vascos».
Una reivindicación que también hacen los partidos de la izquierda independentista vasca, segunda fuerza política regional por detrás del PNV, y por ETA.Todos reclaman el «fin de la dispersión» de los centenares de militantes de ETA – 520 según la red de apoyo a los presos Etxerat – internados en decenas de prisiones españolas y francesas, en una política practicada desde hace 25 años por Madrid.
De hecho, el gobierno de derechas español se muestra inflexible a la hora de rechazar cualquier concesión a ETA, a la que reclama su disolución incondicional. Madrid rechaza especialmente suavizar su política penitenciaria aplicada a los presos del grupo, considerado responsable de la muerte de 829 personas en más de 40 años de violencia por la independencia del País Vasco y Navarra.
Desde que ETA abandonó la violencia el 20 de octubre de 2011, el tema de los presos se mantiene en el centro del bloqueo entre Madrid y el grupo armado, muy debilitado y del que no quedarían más que algunas decenas de miembros en libertad. El 28 de diciembre, el colectivo de presos de ETA, el EPPK, publicó un comunicado en el que admitía la posibilidad de buscar excarcelaciones individuales, con lo que parecía renunciar así a una petición de amnistía colectiva y reconocía «el sufrimiento y daño multilateral generado como consecuencia del conflicto».
Este texto, en el que no se pide perdón a las víctimas, tal y como reclaman las asociaciones de víctimas y el gobierno español, fue, no obstante, recibido como un «aporte de primer plano» por la izquierda independentista.El gobierno regional reconoció una inflexión en el discurso de ETA, pero le pidió ir más allá y entregar las armas de manera «urgente».
En este contexto muy sensible, una serie de detenciones el miércoles en el País Vasco y Navarra de miembros de grupos de apoyo a los presos KT, suscitó reacciones de indignación en la región. En el operativo fueron detenidas Ocho personas, entre ellas la abogada Arantza Zulueta, defensora de varios reclusos de ETA, que declararán probablemente ante el juez el lunes.
