Las clases habían terminado y Carol Vanesa, de 17 años, se reuniría con sus amigos en una parada del metro cerca de la gigantesca Comuna 13, un conjunto de barrios pobres que se extiende en las montañas.
Restrepo y sus hijos habían huido días antes de ese sector violento de Medellín en el que poco después ingresaron miles de soldados colombianos en un intento por ubicar a rebeldes izquierdistas.
La madre rogó a su hija que no se arriesgara a regresar a la comuna, pero la adolescente no hizo caso. Ni la joven ni sus dos amigos fueron vistos de nuevo y a la fecha se desconoce al responsable de su desaparición.
Trece años después, Restrepo y decenas de personas más que sufrieron la desaparición de algún ser querido podrían estar más cerca que nunca de conocer la verdad.
En una ceremonia celebrada el lunes para recordar a los desaparecidos y dar inicio a las tareas de búsqueda, más de cien mujeres se vistieron de blanco y llevaban siluetas negras de plástico para representar a sus seres queridos. Después de años de silencio por parte del Gobierno y gran parte de la sociedad, las familias acogieron con satisfacción el inicio de los trabajos de excavación.
El lunes, un equipo de expertos forenses comenzará el retiro de 24.000 metros cúbicos de tierra y otros materiales en La Escombrera, un tiradero de residuos de la construcción ubicado en las afueras de Medellín.
Se cree que los restos de unas 300 personas yacen en el lugar, donde fueron arrojados, durante uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado que ha persistido desde hace mucho tiempo en Colombia.
Activistas de los derechos humanos afirman que el lugar podría resultar ser la fosa clandestina más grande de Colombia y que las excavaciones suponen una lejana esperanza para que se haga justicia.
A pesar de que las familias de las víctimas habían exigido hace más de una década el cierre del tiradero y la realización de excavaciones en el lugar, camiones gigantescos seguían trasladando escombros al lugar diariamente. Como sea, la búsqueda será complicada.
Estos desaparecidos hacen parte de uno los capítulos más oscuros de la guerra colombiana de los últimos 50 años. Los grupos paramilitares de derecha de Colombia fueron desmovilizados hace una década en tanto que el Gobierno negocia ahora un acuerdo de paz con el mayor grupo de la guerrilla.
Ante una disminución del conflicto armado, que persiste desde hace medio siglo, las autoridades han acudido a diversas partes del país para exhumar centenares de restos humanos con el propósito de intentar identificarlos mediante exámenes de ADN y entregarlos a sus familias.
Sin embargo, la mayoría de las fosas clandestinas se ubican en zonas rurales donde no impera la ley. Medellín no es zona rural sino la segunda ciudad más grande de Colombia.
La desaparición de Restrepo ocurrió en un momento y un lugar en el que ser joven como ella equivalía casi a una sentencia de muerte.
Poco después de su juramentación como presidente en el 2002, Álvaro Uribe Vélez lanzó la Operación Orión para expulsar a rebeldes izquierdistas de un sector densamente poblado de la Comuna 13, donde persiste la violencia y la pobreza.
Esa ofensiva reforzó la reputación de Uribe entre los colombianos como un conservador que combatía la delincuencia y respaldaba su discurso enérgico con acciones.
Sin embargo, cuando se retiraron los soldados, el vacío de poder fue llenado por los paramilitares de derecha que llevaban puestas máscaras y blandían armas largas.
Los investigadores dicen desconocer el número de restos humanos que podrían ser recuperados, si no es que ninguno. Ha pasado mucho tiempo y muchos de los restos quizá fueron aplastados por la montaña de escombros que alcanza ocho metros de altura.
Sin embargo, afirman que su mayor obstáculo es facilitar la seguridad a los expertos forenses que laborarán minuciosamente.
Muchas de las mujeres, madres y esposas, lloraban y se acercaron hasta el basurero donde creen que podrían estar los restos de sus familiares para asistir al comienzo de la exhumación. Los expertos han acordonado la zonas en las que se cree fueron arrojados los cadáveres.
«Durante años denunciamos las desapariciones forzadas en gran escala y no se hizo nada», dijo Adriana Arboleda, abogada que trabaja con familias de las víctimas para demandar al gobierno colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. «Imagínate el trabajo y dinero que hubieran ahorrado si nos hubieran escuchado» dijo. Cerca del lugar el Gobierno construirá un mausoleo y se abrirá una exposición en el Museo Casa de La Memoria de Medellín para la reflexión y el estudio del pasado violento de Colombia.
Junto los familiares este lunes estuvieron también el padre Javier Giraldo, defensor de los derechos humanos, y el Ministro de Interior Juan Fernando Cristo, quien recordó que es un día «histórico» no sólo para las familias «sino para el proceso de reparación de víctimas de toda Colombia».
