Bangladesh sufrió este año dos graves tragedias en fábricas textiles. Primero se derrumbó un edificio que causó casi 1.200 muertos y luego el 24 de abril, un complejo de nueve plantas y con cinco talleres que producían para importantes marcas extranjeras de ropa y accesorios se cayó como un castillo de naipes.
A raíz de estos y otros accidentes anteriores, este país ha logrado avances en las condiciones laborales del sector textil.
Así, a partir de mayo se sucedieron retahílas de promesas, programas y planes destinados a mejorar la vida de los empleados del textil.
A mediados de julio, se aprobó en el Parlamento una enmienda de la ley laboral que permite a los trabajadores sindicarse libremente, exige que el 5 % de los beneficios anuales se destinen a un fondo social y el pago de indemnizaciones de entre 15 y 45 días de sueldo por despido, fallecimiento o accidente laboral.
Ese mismo mes, administración, sindicatos y representantes del sector ratificaron, bajo la mirada de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Plan de Acción sobre Seguridad Anti incendios e Integridad Estructural.
A este acuerdo, que engloba a unas 1.000 fábricas y regula inspecciones técnicas y la existencia de medidas preventivas obligatorias, se sumaron sobre todo compañías europeas.
