Todas las mañanas, cuando salía de casa, Aixa Rizzo tenía que mentalizarse para tolerar un aluvión de expresiones y comentarios inapropiados de carácter sexual de los electricistas que trabajaban en una construcción en su barrio.
Al principio eran observaciones inocuas, aplausos o silbidos. Pero luego de varias semanas se convirtieron en un sartal de vulgaridades sobre su cuerpo o fantasías sexuales expresadas en público.
Un día, tres de los hombres la siguieron a casa y Rizzo no tuvo otra salida que rociarles gas pimienta en la cara. Los hombres la insultaron y le dijeron que estaba loca, pero al final se fueron.
«Fue todo un mes que me gritaban cosas. No podía salir tranquila de mi casa», dijo Rizzo en entrevista con The Associated Press. «Duró un montón de tiempo la obra. Primero eran cuchicheos, aplausos, ruidos, silbidos. Y después guarangadas (vulgaridades) más contundentes. Era como una pasarela para que me gritaran cosas».
Frustrada por esta actitud tan común en Argentina, Rizzo subió un video a YouTube que tuvo más de medio millón de visualizaciones, en el que la joven de 20 años relataba que aún después de hacer hecho una denuncia por acoso ante las autoridades, que en un principio no querían recibirle argumentando un vacío legal, «los señores ahora están cantando» consignas que la invitan a tener una relación sexual.
Su caso tuvo fuerte impacto en la opinión pública en momentos en que los medios de comunicación reportan, casi a diario, casos de mujeres asesinadas brutalmente. En Argentina, un país de 41 millones de personas, ocurre un feminicidio cada 30 horas según cifras de La Casa del Encuentro, organización no gubernamental dedicada a tratar esta problemática.
La impotencia frente a los feminicidios llevó a que miles de mujeres se movilizaran en todo el país el pasado miércoles bajo la consigna «Ni una menos», en una enorme manifestación contra la violencia de género.
El Congreso argentino y la legislatura de Buenos Aires iniciaron el debate de sendos proyectos de ley para prevenir y castigar el acoso sexual callejero, con penas que van desde multas económicas de 10 a 800 dólares a tareas comunitarias.
Hasta la propia presidente Cristina Fernández se pronunció contra estos piropos. «Hay otras violencias previas, anteriores, que van creando silenciosamente las condiciones del golpe final. Algunas son cotidianas y hasta festejadas: el piropo?», dijo en su cuenta de Twitter que tiene 3,8 millones de seguidores.
«Grosero, soez, bajo, que una piba tiene que ‘aguantar’ porque… si después de todo iba con esa minifalda, ¿qué querés que le digan?». Justificación cínica escuchada no solamente entre hombres», se lamentó la mandataria.
En Argentina, así como en la mayoría de los países latinoamericanos, la igualdad de género afronta muchas dificultades, cuando no profundas contradicciones. Ante la ley, las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres y, al menos en el país austral, hay más mujeres que hombres matriculadas en las universidades.
La persona más poderosa del país es mujer, pero la cultura machista es un fenómeno generalizado. Desde taxistas y obreros hasta ejecutivos de traje y corbata silban a las mujeres con frecuencia o les dicen cosas en la calle.
Para la diputada Victoria Donda, del partido de izquierda Proyecto Sur, e impulsora de uno de los proyectos de ley para combatir el acoso callejero, «el piropo es la punta de iceberg donde se manifiesta la violencia de género», dijo.
Según el proyecto de ley de la diputada Donda, que tiene la finalidad de combatir los comentarios sexuales agresivos pero no los elogios a la ropa bonita o a un corte de pelo, las mujeres podrán denunciar en una fiscalía o una comisaría una situación de acoso sexual en la vía pública.
Un juez evaluará la queja, entrevistará a testigos, si los hay, determinará si el acusado cometió la contravención y fijará una multa. La normativa no prevé penas de prisión.
BUENOS AIRES (AP)
