Se ha vuelto un verdadero tema de discusión en Estados Unidos el asunto de que Apple ha negado el acceso al FBI y otras fuerzas de la ley de este país a los datos de un iPhone en el caso de la masacre en San Bernardino. El tema de la polémica donde cada quien está tomando su bando es que por un lado defienden a la empresa en no «soltar» la información de los usuarios, y por el otro creen que es abuso de poder de Apple en estar encima de la ley.
La investigación en curso trata de dar con información vinculada al acto terrorista sucedido el 2 de diciembre de 2015 en San Bernardino, Los Angeles, donde el señor Syed Rizwan Farook abrió fuego en el Centro Regional Inland junto a su esposa, matando a 14 personas e hirieron a otras 22.
Según información de las autoridades policiales, estas personas tenían planeados realizar mayores masacres como estas en otras zonas del país.
Por ello la corte estadounidense del distrito de Los Ángeles dijo que Apple debía brindar una ayuda técnica razonable a los investigadores, pero el presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, dijo que la demanda de la corte amenazaba a la seguridad de los clientes de la gigante de la tecnología y tenía implicancias mucho más allá del caso legal ante nosotros.
Es aquí donde está todo el embrollo. Muchos han defendido la postura de Apple en no permitir que los federales tengan el acceso a estos datos por una sencilla razón, les estarían brindando la «llave» con la cual podrían descifrar el encriptado de este y otros dispositivos de la marca, provocando que cualquier persona dentro de la estructura del gobierno pudiera tener el acceso y de ahí que se pueda derivar a cibercriminales y hackers profesionales.
Después de todo, ¿lo que pasó en la primer temporada de Mr. Robot no es tan fantasioso no?. Ahí precisamente se observa lo que un grupo de personas expertas en este tipo de actos criminales pueden lograr si se dedican a ello, en un claro ejemplo de lo que en la realidad hace el grupo Anonymous, que aunque solo hagan pequeños hackeos a redes sociales, pueden «armarse» mejor y realizar un ataque masivo y dañino si llegaran a apoderarse de esta poderosa «llave» de información.
Según informa Reuters, expertos en tecnología y defensores de la privacidad sostienen que forzar a las empresas estadounidenses a debilitar sus métodos de encriptación haría que los datos privados sean más vulnerables a piratas informáticos, minaría la seguridad de Internet y daría una ventaja competitiva a firmas en otros países.
Pero, y siempre hay un pero en toda discusión, está el hecho de que existen principios básicos del alcance que tiene la orden de un magistrado de justicia, la cual indica que no existe artículo, ni vivienda, ni archivos, ni dispositivos que estén excluidas de una investigación judicial. Por ello, cómo es posible que una o un conjunto de empresas estén encima de la ley y que obliguen a fiscales expertos en el derecho a buscar cualquier tipo de acciones minuciosas para poder acceder a información que poseen.
Después de todo son empresas y las empresas se ven obligadas a presentar documentación si se les hace una auditoría, sobre todo en Estados Unidos.
Los defensores de esta postura aseguran que las decisiones de quienes pueden obtener evidencia clave en una investigación criminal deberían ser las cortes y legislaturas, no empresas como Apple y Google.
Hay que ver además, que esto de proteger la privacidad no es una bandera de justicia, democracia, libertad de expresión o cualquier causa quizás justa pero de moda que quieran defender estas grandes empresas, sino una clara justificación de su posición en el mercado, garantizándoles actuar fuera de los límites legales y prohibiciones para futuras investigaciones, además de seguir con su apariencia de seriedad y responsabilidad hacia sus clientes.
La otra cosa es, de que el gobierno de los Estados Unidos tampoco es que sea garantía de la mayor transparencia ni de realizar las decisiones más sabias y justas en términos legales, y esto de conseguir información de terceros ya ha sido por muchas veces un dolor de cabeza para la administración gubernamental, con casos que van desde los Wikileaks hasta los correos «borrados» de Hillary Clinton.
Al final lo que queda entonces es una lucha de clases altas, entre las mega corporaciones que controlan los mayores movimientos de capital a nivel mundial y el gobierno de la Primer Potencia Mundial, en donde probablemente quien termine ganando la disputa sea precisamente la base de todo el sistema norteamericano, la proyección del dinero por encima de todo, traduciéndose en el triunfo de Apple.