La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, interpuso ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE); una denuncia contra el presidente Daniel Noboa por presunta violencia política en medio del enfrentamiento que mantienen ambas autoridades electas en las elecciones generales anticipadas de 2023.
Verónica Abad ha cuestionado al presidente Noboa y a su gobierno por coartar su libertad de expresión, iniciar procesos judiciales en contra de sus familiares y no disponer su retorno al Ecuador; pese a la situación política en Israel.
- Te puede interesar: Argentina avanza en caso de violencia de género contra ex primera dama
Desde el TCE informaron que la denuncia de Verónica Abad contra el presidente Noboa fue ingresada el pasado 8 de agosto de 2024.
La denuncia de Abad se produce en un momento de cambios en el tribunal electoral. Este 12 de agosto, tres jueces del Contencioso Electoral (TCE); se reunieron para remover del cargo al presidente del organismo, Fernando Muñoz.
Crisis en Ecuador
El presidente ecuatoriano envió en diciembre de 2023 a Verónica Abad a Israel para que cumpliera funciones de embajadora por la paz en el conflicto con Palestina.
Actualmente, Verónica Abad fue trasladada a la Embajada de Ecuador en Türkiye; debido a la escalada de tensiones en el Medio Oriente y la advertencia de Israel a sus habitantes y a funcionarios diplomáticos de otros países; para que se resguarden ante posibles ataques armamentistas.
El Código de la Democracia de Ecuador, contempla la violencia política como una infracción electoral grave que puede ser sancionada con una multa de 21 hasta 70 salarios básicos; destitución y/o suspensión de derechos de participación desde dos hasta cuatro años.
ATENCIÓN: la vicepresidenta Verónica Abad presentó ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) una denuncia por violencia política de género contra el presidente Daniel Noboa, la canciller Gabriela Sommerfeld, el viceministro Esteban Torres y la asesora Diana Jácome.
El…
— Fabricio Vela (@fabriciovelav) August 12, 2024
La violencia política está contemplada como “agresión cometida por una persona o grupo de personas, directa o indirectamente, en contra de las mujeres candidatas, militantes, electas, designadas o que ejerzan cargos públicos; defensoras de derechos humanos, feministas, lideresas políticas o sociales, o en contra de su familia”.
