A menos de cinco meses de que finalice el período presidencial en Chile, el próximo 11 de marzo, Sebastián Piñera parece tener a todo el mundo en contra. Nadie se arriesga ya a defenderlo: ni los parlamentarios oficialistas, ni los candidatos de su sector al Congreso, ni el abanderado presidencial de su bloque, Sebastián Sichel, ni los máximos dirigentes de su coalición.
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La publicación el pasado domingo de los Papeles de Pandora desató una crisis política en la fase final del Gobierno, como si fuera una verdad escrita en piedra lo que alguna vez declaró su antecesora; la socialista Michelle Bachelet: “Cada día puede ser peor”. Con una popularidad en torno al 20% y un rechazo de 70%.
Piñera termina su segundo mandato con la Fiscalía encima y la amenaza de la destitución por un conflicto que no ha sabido cerrar en su dilatada trayectoria pública: la difusa línea de separación entre sus negocios y la política.
Sebastián Piñera parece tener a todo el mundo en contra
“Por primera vez un presidente de la República será investigado por la Fiscalía por su función pública”, aseguró el presidente del Partido Socialista, el senador Álvaro Elizalde.
Desde el retorno a la democracia en 1990, en Chile todos los presidentes han terminado su mandato. Esa tradición podría romperse si el Congreso aprueba una acusación constitucional.
“Más allá de las eventuales responsabilidades del presidente, que merecen ser investigadas, una acusación constitucional a menos de dos meses de una elección presidencial y en medio de la mayor crisis política del país en décadas es una irresponsabilidad”; opina el periodista político Cristián Bofill, director del medio digital Ex Ante.
“La ley permite que la acusación se presente hasta seis meses después de que Piñera termine su mandato constitucional, el 11 de marzo. La experiencia latinoamericana muestra que interrumpir el mandato constitucional de un presidente deja traumas y heridas muy profundas; como ha pasado recientemente en Brasil y Perú, que tardan mucho en cicatrizar”, asegura Bofill.
Investigado por la Fiscalía
Piñera combinó durante muchos años la cuestión pública con sus empresas. “Un cazador de oportunidades”, lo describe un político que lo conoce de cerca.
Piñera es un hombre rico: tiene una fortuna estimada por Forbes en unos 2.900 millones de dólares, la cuarta más grande del país. Pero es un millonario de primera generación.
Nacido en Santiago de Chile en 1949, es el tercero de los seis hijos que tuvieron Magdalena Echenique y José Piñera Carvallo, un ingeniero y diplomático que educó a sus hijos gracias a su trabajo y que fue fundador de la Democracia Cristiana chilena, el partido que durante décadas representó a las clases medias y que en los sesenta llevó adelante la Reforma Agraria, durante el Gobierno de Eduardo Frei Montalva.
Papeles de Pandora desató una crisis política
Nunca han estado del todo claras las razones por las que el presidente no militó en el partido de su padre y terminó fichando por la derecha. Pero fue uno de los protagonistas de la transición y llegó a presidir el partido Renovación Nacional, donde se encuentran hoy algunos de sus principales críticos dentro del oficialismo.
Tras la publicación de los Papeles de Pandora hace una semana, que confirmó la transacción de Dominga; la Fiscalía abrió de oficio una investigación por eventuales delitos tributarios y de cohecho.
El Ministerio Público como el presidente coinciden en que el acuerdo de octubre de 2010 que delinea las condiciones de la operación, está sobreseída hace cuatro años y que la Fiscalía no tuvo en su momento el contrato original escrito en inglés. Este suscrito en Islas Vírgenes Británicas, que estaba dentro de la filtración mundial de hace una semana.
Mientras el Ministerio Público lo considera un “antecedente nuevo”, como aseguró la directora Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera; el Gobierno defiende que es un elemento asociado al mismo negocio.
