Tras marchas en Perú contra el aumento de extorsiones y sicariatos, la presidenta de la nación sudamericana, Dina Boluarte; dispuso el pasado lunes la movilización de 10.000 policías en Lima y Callao para garantizar el desarrollo de operativos contra la delincuencia.
Al hacer un balance en el Cuarto de Guerra con los altos mandos de la Policía y las Fuerzas Armadas, la mandataria indicó que 3.772 efectivos de las fuerzas armadas también han participado en 227 acciones de patrullaje; en apoyo a la Policía Nacional.
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En Lima y Callao, ambas ciudades declaradas en estado de emergencia; se han detenido a 271 personas, de las cuales 26 son extranjeras, y 28 tenían requisitorias policiales.
De igual modo, Boluarte comunicó que las Fuerzas Armadas se desplegaron en diversos distritos de Lima Este, como El Agustino, Ate Vitarte y Santa Anita; así como en sectores estratégicos como Puente Nuevo y avenidas de alta concurrencia, entre ellas Javier Prado con Carretera Central y el jirón Áncash, entre otros puntos clave.
Despliegue militar en Perú
No obstante, la jefa de Estado se quejó de que 1.014 detenidos, desde enero pasado, han sido liberados por la fiscalía en sede policial; 228 liberados en sede fiscal y 63 liberados por el Poder Judicial.
Las autoridades peruanas aseguraron que en Huachipa desarticularon la banda criminal “Los Malditos de Huachipa”; dedicada a delitos como sicariato, tenencia ilegal de armas, tráfico de terrenos y tráfico ilícito de drogas.
Durante el operativo, fueron detenidas nueve personas —cinco mujeres y cuatro hombres— y se decomisaron paquetes de marihuana, pasta básica de cocaína y clorhidrato de cocaína; además de dos pistolas con cargadores, dos dinamitas caseras, 50 municiones y dos celulares.
Asimismo, efectivos policiales desarticularon la banda “Los Injertos del Mal” en Villa El Salvador, dedicada al tráfico ilícito de drogas y la tenencia ilegal de armas.
Este despliegue de seguridad se produce luego de que, el pasado viernes, sucediera en el país sudamericano una marcha multitudinaria en contra del aumento de las extorsiones y el sicariato, motivada, en gran parte, por el reciente asesinato de Paul Flores, líder de la agrupación musical Armonía 10, ocurrido el 16 de marzo.
Armonía 10 reveló que llevaban tiempo recibiendo amenazas y extorsiones, donde se les pedía el pago de fuertes sumas de dinero en “vacunas” (pagos por supuesta protección).
De este modo, cuando la agrupación Armonía 10 se trasladaba en un autobús el 16 de marzo; recibieron varios disparos por parte de sujetos armados. Dos tiros alcanzaron al líder de la banda, causándole la muerte.
