El Gobierno Nacional de Argentina, ha emitido un decreto que limita el acceso a pensiones por invalidez; justificando la medida con supuestos hallazgos de “inconsistencias alarmantes” en una auditoría sobre una pequeña muestra de beneficiarios.
El cambio, establecido en el decreto 843 publicado en el Boletín Oficial, ha generado un fuerte rechazo entre especialistas y organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad; que advierten que la revisión se basa en una muestra que representa menos del 4% de las más de 330,000 pensiones por invalidez en el país.
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La nueva normativa de Argentina establece que, para acceder a una pensión, no se debe tener empleo formal y se requiere que no existan familiares con obligación legal de alimentar a los menores solicitantes, salvo que estén imposibilitados de hacerlo.
Además, se imponen requisitos de residencia más estrictos para personas naturalizadas y extranjeras.
Consultada por el medio cooperativo TiempoAr, Gabriela Troiano, presidenta de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad de Argentina (REDI), calificó el decreto de “totalmente regresivo” y contrario a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que Argentina ratificó en 2008.
Protestas en Argentina
Troiano explicó que la normativa contradice el modelo social de discapacidad promovido por dicha Convención, que busca la igualdad de oportunidades y el bienestar de las personas con discapacidad.
La crítica se extiende a la incompatibilidad del empleo registrado con el cobro de la pensión, un cambio que, según Troiano; revertirá avances logrados en la legislación.
Por su parte, Lourdes Farias, directora provincial de acceso e inclusión del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires Argentina; advirtió que la modificación afectará gravemente a los niños con discapacidad, quienes no tienen capacidad laboral.
“Perder este ingreso significa también perder el acceso a medicación y terapias esenciales”; señaló Farias, enfatizando que la solución a los abusos en el sistema no es castigar a quienes más necesitan ayuda.
El gobierno de Javier Milei, en su esfuerzo por reducir el gasto público; enfrenta críticas por priorizar la eficiencia económica sobre el bienestar de los grupos más vulnerables. Las organizaciones sociales y los defensores de derechos humanos piden que se revise el decreto antes de que cause un daño irreparable a miles de familias.
Con una población de entre 5 y 5.5 millones de personas con discapacidad en Argentina, solo 1.3 millones reciben pensiones no contributivas.
La implementación de esta nueva normativa podría considerarse no solo como una violación de derechos fundamentales; sino que también incrementa la angustia y la incertidumbre entre quienes ya enfrentan enormes desafíos en su vida diaria.
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