El Gobierno de Argentina decretó este miércoles la desregulación del mercado aerocomercial y una nueva política de “cielos abiertos”; lo cual ha provocado el inmediato rechazo de los sindicatos de esa actividad.
El presidente argentino, Javier Milei, al fracasar en su intento de privatizar Aerolíneas Argentinas dentro de la ley de Bases; decidió aplicar el decreto 599/24.
- Te puede interesar: ALBA-TCP reafirma su apoyo y compromiso con el gobierno y Presidente de Bolivia
La norma cambia el modo de acceso a los mercados aerocomerciales, deroga normas y modifica el Código Aeronáutico.
Asimismo, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), subordinada al Ministerio de Economía; será la única entidad que apruebe quién puede operar en el país.
![Foto: Polémica aérea en Argentina /cortesía](https://www.tn8.tv/wp-content/uploads/2024/07/2-398.jpg)
Polémica aérea en Argentina
Por otra parte, el representante del sindicato de Aeronavegantes, Alejandro Kogan, afirmó; «La Argentina tiene tres soberanías, como cualquier país del mundo: la marítima, la aérea y la terrestre, y cada una de esas superficies tiene libertades que los gobiernos otorgan para ser explotadas«.
«En el caso de la soberanía aérea, nuestro país tiene 9 libertades las cuales han sido entregadas de forma absoluta con este decreto a todos los países de la región; a los que se sumó ahora Canadá».
En tanto, el Gobierno argentino vende el nuevo decreto como un salvador que permitirá “modernizar y desburocratizar el sector aéreo”.
Este es el Modelo del Libre mercado aéreo que va dejando pasajeros sin volar y acumulando denuncias de todos los colores.
Ahora multipliquen por peligrosas decenas #Deficiencias https://t.co/GktPec3axY
— Rodrigo ✈🌵⚽️ (@RODRIGOBORRAS1) July 11, 2024
Kogan resaltó que con esa política «se vulnera de forma absoluta la soberanía nacional», y agregó; «No hace más que poner en franca amenaza a la línea aérea de bandera».
Por su parte, el titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró; expresó que el decreto pone en riesgo la seguridad del país y propicia «la apertura a un estado narco, porque ni siquiera se van a controlar los aeródromos».