En El Salvador se ordenó en días pasados la emergencia máxima en todas las cárceles donde cumplen condenas los miembros de las pandillas, acusados por la reciente ola de violencia en el país centroamericano, por menciona una cifra, el pasado l 26 de marzo, se marcó el récord de 62 homicidios en un solo día.
Esta medida se une a la que anunció el Congreso, conocida como el Estado de excepción que limitará las garantías individuales de los reos. Las autoridades incrementaron los patrullajes y allanamientos en los barrios con presencia de pandillas.
El Presidente de El Salvador envío un mensaje vía Twitter «Mensaje para las pandillas: por sus acciones, ahora sus “homeboys” (cabecillas) no podrán ver ni un rayo de sol». Estas medidas extremas preocupan a los defensores de los Derechos Humanos.
Estado de excepción la lucha contra las maras
«A mí, cualquier política de seguridad que exija que los Salvadoreños renuncien, así sea temporalmente, a sus derechos básicos me parece una política fracasada»; expresó Juan Pappier, investigador de los derechos humanos.
El Ministro de Justicia y Seguridad Publica, Gustavo Villatoro, lideró el domingo los allanamientos en el Distrito Italia, en la periferia este de la capital, con alta presencia de pandilleros. Se reportó la captura de otro cabecilla de estos grupos criminales, que según las autoridades; «ordenaba a otros sujetos cometer delitos y coordinaba las reuniones ilícitas de la pandilla (Mara Salvatrucha) MS-13 en Apopa».
Recientemente, un juzgado declaró culpables de diversos delitos a 42 miembros de la pandilla Barrio 18 Revolucionarios que operan en el centro histórico de la capital y a uno de los cabecillas le impuso 472 años de prisión.
Con el estado de excepción se suspenden las garantías constitucionales de la libertad de asociación, derecho de defensa, se amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención administrativa y se autoriza la intervención de las comunicaciones de grupos delictivos.
El Estado de excepción que opera en El Salvador trata la suspensión de garantías constitucionales, una medida durará 30 días, aunque; «si continúan las circunstancias que la motivaron»; se podrá extender en otros 30 días.
