Este martes, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa; ha decretado por tercera vez un estado de excepción en seis provincias y un municipio, en un esfuerzo por enfrentar el creciente problema del crimen organizado.
La medida, que abarca Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y el municipio de Camilo Ponce Enríquez; permitirá la suspensión temporal de derechos como la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión.
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El decreto, extenso y detallado, justifica esta acción como necesaria para movilizar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional en operativos contra bandas criminales; a las cuales Noboa ha equiparado con grupos terroristas y beligerantes no estatales.
Esta declaración se sustenta en la percepción de conflicto armado interno, aunque la Corte Constitucional previamente revocó dos decretos similares por falta de suficiente argumentación sobre la gravedad y organización del conflicto.
Emergencia en Ecuador
La Presidencia, ha asegurado que el nuevo decreto cuenta con el respaldo de la Asociación Mundial de Juristas; buscando fortalecer su fundamentación legal frente a posibles objeciones constitucionales.
En respuesta a las críticas previas, el nuevo decreto permite a la Corte Constitucional acceder a informes confidenciales del Gobierno para evaluar su pertinencia; sin comprometer su clasificación.
La Corte, en su última revisión; destacó que la declaratoria de conflicto armado interno debe basarse en la intensidad de las hostilidades y la organización de los grupos armados, aspectos insuficientemente demostrados en los informes gubernamentales anteriores.
Sin embargo, reafirmó que la decisión no limita las facultades ordinarias del Ejecutivo para emplear a las Fuerzas Armadas en operaciones contra el crimen organizado; como respaldado por un referéndum popular reciente.
La ola de violencia atribuida al narcotráfico, ha convertido a Ecuador en el país con la mayor tasa de homicidios per cápita en Latinoamérica en 2023; según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.
Esta situación, refleja un desafío continuo para las autoridades; quienes buscan balancear medidas extraordinarias con el respeto a los derechos civiles y constitucionales de sus ciudadanos.
