Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de Argentina se pronuncia después conocer el fallo del Tribunal Oral Federal, tras condenarla a 6 años de cárcel.
Fernández de Kirchner, declaró que el objetivo de los jueces que dictaron el fallo en el juicio en su contra por presunta asociación ilícita tenían «el objetivo» de condenarla, tal como ocurrió.
La exmandataria, de profesión abogada, analizó el manejo de la causa y expuso una serie de arbitrariedades mediante las cuales, consideró fue sentenciada.
«Esto no es ni ‘lawfare’ (guerra jurídica) ni partido judicial. Esto es un Estado paralelo y mafia judicial. Y la confirmación de un sistema paraestatal donde se decide sobre la vida, el patrimonio y la libertad del conjunto de los argentinos y que está por afuera de los resultados electorales», dijo.
Persecución contra la Vicepresidente de Argentina
Y añadió: «Lo vimos este fin de semana cuando se filtró la noticia de un viaje secreto de jueces y fiscales de renombre a Lago Escondido (propiedad del magnate británico Joe Lewis en la Patagonia) financiado supuestamente por un multimedio»; señaló en referencia al Grupo Clarín.
Días atrás, el hackeo al teléfono de un funcionario argentino develó la indebida connivencia entre jueces, políticos y empresarios mediáticos, lo que, por su trascendencia institucional, representa uno de los escándalos más graves en la historia del país sudamericano.
«Hay otro aspecto que es fundamental en el ‘lawfare’, que es el periodismo. Para hacer estas condenas, sí o sí, se necesita de la complicidad de los medios«; afirmó la exmandataria mientras exponía un chat entre jueces, fiscales y empresarios de medios, en donde coordinaban acciones judiciales con las noticias que debían salir en los diarios Clarín y La Nación.
Cristina Fernández de Kirchner condenada a 6 años de prisión
El Tribunal Oral Federal número 2 de Argentina conformado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso; condenó a la vicepresidenta a 6 años de prisión. Y además, la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
Igualmente, en este juicio, la también expresidenta la acusaron de haber encabezado una asociación ilícita que durante sus dos gobiernos (2007-2015) y el de su fallecido esposo y antecesor, Néstor Kirchner (2003-2007); direccionó millonarios fondos de obras públicas en favor del empresario Lázaro Báez, quien, según la imputación, luego se los devolvía como sobornos simulados en el pago de alquileres.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pedían una pena de 12 años de prisión en contra de la vicepresidenta. Además de su inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos y el decomiso de bienes.
