Una nueva masacre ha sacudido Colombia, con la confirmación de al menos 12 muertos en un enfrentamiento armado entre un grupo disidente de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en una zona rural del distrito de Buenaventura, Valle del Cauca. El hecho ocurrió el 8 de septiembre en la zona de la Sagrada Familia, cerca del río Naya, y ha generado una grave crisis humanitaria.
La secretaria de Seguridad del Valle del Cauca, Ana María Sanclemente, informó que, aunque estiman que las víctimas son 12; aún no confirman oficialmente la identidad de los fallecidos ni especifican si había miembros de la comunidad local entre ellos. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz identificó al menos seis víctimas del municipio López de Micay, dos del río Naya y cuatro mujeres cuyo lugar de origen sigue sin determinarse.
El incidente ha impulsado la realización de un consejo de seguridad en Buenaventura para esclarecer los hechos. La región, especialmente la cuenca del Naya, ha sido escenario de graves conflictos entre estructuras armadas ilegales; lo que ha llevado al desplazamiento forzado de más de 60 familias hace más de un mes y medio.
La Comisión Intereclesial y el Consejo Comunitario del Río Naya habían alertado previamente sobre el agravamiento del conflicto y su impacto humanitario. Además, han solicitado una reunión con el presidente Gustavo Petro para tratar la crisis y buscar soluciones.
Colombia enfrenta nueva tragedia
Miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y autoridades locales se están dirigiendo al lugar de la masacre para verificar la situación y recopilar información adicional sobre lo ocurrido.
La situación en Buenaventura continúa siendo crítica mientras las autoridades locales y organizaciones humanitarias trabajan para abordar las consecuencias de la masacre. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y representantes gubernamentales se han movilizado para proporcionar asistencia inmediata a los afectados y evaluar la magnitud de la crisis.
Este trágico evento resalta la urgente necesidad de medidas efectivas para garantizar la seguridad y protección de las comunidades en las zonas de conflicto. La respuesta a esta emergencia se convierte en una prioridad mientras Colombia lucha por superar las secuelas de esta violencia y avanzar hacia una solución duradera para el conflicto armado en la región.
