La Cámara de Diputados de Chile aprobó la madrugada de este martes 9 de noviembre realizar un juicio político que podría retirar del cargo a Sebastián Piñera, presidente del país. Esto por su presunta participación en la venta irregular de un proyecto minero en las Islas Vírgenes Británicas; hecho que fue revelado en los Papeles de Pandora.
Con 78 votos a favor, 67 en contra y 3 abstenciones, la acusación presentada el pasado 13 de octubre fue admitida y ahora deberá pasar al Senado. Este se encargará de juzgar al mandatario y determinar si se le destituye e inhabilita de por vida de ejercer cargos públicos.
Cabe recordar son necesarios dos tercios de los votos para vacar al presidente de Chile Sebastián Piñera.
El debate dio inicio a las 10.25 a. m. (hora local) con la presentación del diputado socialista Jaime Naranjo, cuya alocución se extendió por 15 horas, con solo dos pausas de 15 y 20 minutos. Esta argumentó la acción contra el mandatario e hizo un llamado a que en el país “se termine la impunidad” de aquellos en el poder.
Juicio contra el presidente de Chile
La maratónica participación de Naranjo permitió que el diputado Giorgio Jackson, en cuarentena por haber estado en contacto con Gabriel Boric, candidato presidencial que dio positivo a COVID-19, llegue al hemiciclo a la medianoche. Con su presencia, se alcanzarían los 78 votos necesarios para la aprobación del proceso.
Posteriormente, la defensa de Piñera, el abogado Jorge Gálvez, replicó los señalamientos del legislador y calificó de “injusta” e “improcedente” la acción constitucional.
Investigación de Pandora Papers
A inicios de octubre salieron a la luz los Pandora Papers, una investigación periodística que revelaba transacciones de personalidades y autoridades en paraísos fiscales. Dentro de la larga lista de involucrados estaba el mandatario de Chile.
La Fiscalía anunció una investigación penal contra Piñera sobre la posible comisión de los delitos de cohecho, soborno y evasión tributaria.
En los documentos, la venta del proyecto Dominga firmada en las Islas Vírgenes Británicas en diciembre de 2010. Además del pago de la tercera y última cuota se condicionaron a que en la zona donde se instalaría la empresa no se realizaran cambios medioambientales que impidieran su instalación.
