Una corte antimafia de El Salvador condenó a 128 pandilleros a penas de entre tres y 415 años de prisión por delitos como homicidio y organizaciones terroristas, informó este viernes la Fiscalía General de la República (FGR).
La fuente precisó que fueron 166 personas las que enfrentaron un juicio ante el Juzgado Especializado de Sentencia del occidental departamento de Santa Ana, de las que 128 fueron condenadas y 38 absueltas.
Las principales condenas fueron impuestas a Boris Marroquín y Óscar Gómez, quien es señalado de ser el "cabecilla de estas estructuras de pandilla", con 415 y 360 años, respectivamente.
#Nacionales | La @FGR_SV logró la condena de hasta 415 años de cárcel para 128 miembros de estructuras criminales, capturados durante la “Operación Arpón”. Los sujetos fueron declarados culpables por delitos cometidos en el departamento de Sonsonate. pic.twitter.com/zDk4SNN4z0
— TCS Noticias (@tcsnoticias) March 5, 2021
Operación Arpón del Pacífico
Los pandilleros fueron detenidos en 2018 en el marco de la "Operación Arpón del Pacífico" y en octubre de 2020 se dieron las primeras condenas de "varios miembros de esta misma estructura" por lavado de dinero, falsedad ideológica y conspiración para el tráfico de drogas, de acuerdo con el Ministerio Público.
Las autoridades de seguridad salvadoreñas y la Fiscalía recibieron un revés a inicios de febrero, cuando una corte absolvió a más de 125 supuestos miembros de la pandilla Barrio 18 del cargo de organizaciones terroristas a raíz de la desconfianza que generó el principal testigo.
Pese a una sensible baja en la violencia en los últimos años, El Salvador es asediado por la Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18, que también posee la facción Sureños, que poseen unos 60.000 miembros distribuidos en más de 600 células a nivel nacional.
Estas bandas, de acuerdo con las autoridades de seguridad, subsisten por los recursos que obtienen principalmente de extorsión a comerciantes y de la venta de droga al menudeo en los territorios que controlan.
Las llamadas "maras", un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro Administraciones.
