Los impuestos serán parte sí o sí de un potencial acuerdo con el FMI, ya sean nuevos, mediante la eliminación de exoneraciones o modificando existentes.
Y es que en lo que se conoce de la propuesta del Gobierno de Costa Rica, en materia de ingresos, más allá del establecimiento de un dividendo a empresas del Estado que generaría un rendimiento de 0,2% del PIB para el 2023, se barajan temas referentes a impuestos.
Un ejemplo es la eliminación de algunas exoneraciones con las cuales se plantea obtener un rendimiento del 0,6% del PIB para el 2023. En ellas destaca gravar premios de lotería superiores a ¢462.200 (salario base actual) y al salario escolar.
Otras son las modificaciones que han surgido con más reacciones adversas, que incluso, el propio jueves se retiraron; en específico, la idea de generar una tasa de impuesto del 7,5% sobre los rendimientos del sistema de pensiones complementarias.
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Lo que iba a implicar una reducción del saldo del 14% luego de 40 años de ahorro y hasta un 18% menos en el monto de la pensión que recibiría cada trabajador, según especialistas.
Incluso, un efecto lo hubiese tenido el propio Ministerio de Hacienda por la medida, considerando que los fondos de pensiones son los principales demandantes de bonos de deuda interna del Gobierno, lo que llevaría a perder a grandes compradores por la afectación económica que estos tendrían, o bien, que estos cambien sus condiciones.
"Para el propio Ministerio de Hacienda tiene un efecto, cuya importancia de los fondos de pensiones es mayor en los últimos años; impactará ya sea el costo de recursos para Hacienda o impactará la cantidad disponible para Hacienda para sufragar las fuertes necesidades de financiamiento", dijo Rocío Aguilar, superintendente de Pensiones, en su momento.
Ajustes a rentas de capital
Otra inconformidad ha surgido por potenciales ajustes a las rentas de capital, al proponerse una homologación inmediata y permanente de las rentas del capital a la tarifa general del 15%.
Cooperativas y asociaciones solidaristas fueron los primeros en reaccionar, pues se les aumenta la carga considerando que los asociados a las primeras pagan un impuesto sobre los excedentes del 10%, mientras que en los segundos se pagan tarifas diferenciadas del 5%, 7% y 10%, informó La República.
