Guatemala, 15 oct (Prensa Latina) Una campaña por la liberación de la periodista indígena Anastasia Mejía cobra fuerza hoy en Guatemala, donde diversas voces alertan sobre la violación de sus derechos tras 24 días en la cárcel sin acusación oficial.
Para este jueves está previsto que la jueza Susy Elizabeth Pérez Cabrera concrete una audiencia de primera declaración ante un intento inicial frustrado el 8 de octubre por deficiencias tecnológicas en el enlace por videollamada, método utilizado por la crisis sanitaria de la Covid-19.
#Guatemala #LibertadParaAnastasia
Comunidades Indígenas y defensores de los Derechos Humanos exigen la libertad de la periodista indígena Anastasia Mejía, guía espiritual Maya y directora de los medios comunitarios Xol Abaj Radio y Xol Abaj TV.
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— América XXI (@AmericaXXI) October 10, 2020
'No le han formulado cargos, pero sí aplazan las sesiones en las que deben hacerlo' y 'Es delirante y absurdo que la mantengan en prisión más días', son algunas de las opiniones que mantienen la etiqueta #LibertadparaAnastasiaMejía en tendencia por varias semanas en las redes sociales.
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Con Mejía se encuentra detenida Petrona Siy, de 68 años de edad, presidenta de la Asociación de Comerciantes de Joyabaj (Quiché), ambas acusadas por el alcalde municipal, Florencio Carrascosa, por los delitos de sedición, atentado con agravaciones específicas, incendio agravado y robo agravado
Los hechos se remontan al 24 de agosto de este año, cuando una manifestación en contra del funcionario público derivó en actos de violencia supuestamente atribuidos por este a la directora de Xol Abaj Radio y Xol Abaj TV, trabajadora social, madre, y ajq'ij (guía espiritual maya).
Periodistas de Prensa Comunitaria km 169 y vecinos de Joyabaj recordaron que Anastasia estuvo allí, pero transmitiendo lo ocurrido en esas tres horas de disturbios en su función de reportera comunitaria como tantas otras veces.
Según la fuente, voz de los pueblos, la detención el 22 de septiembre de Mejía responde a sus denuncias periodísticas en contra de la gestión de Carrascosa, quien lleva 13 años en el poder local en representación de diversos partidos políticos y acumula 24 delitos de 2006 a 2016 por violencia contra la mujer, enriquecimiento ilícito, malversación y estafa.
Este caso se suma a la represión del ejercicio periodístico en los últimos meses por parte del Gobierno, en particular, contra medios de comunicación independientes y sus reporteros.
