CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La fiscalía mexicana ha emitido 25 órdenes de detención contra presuntos autores materiales e intelectuales de la desaparición en 2014 de los 43 estudiantes en el sur del país, prófugos entre los que por primera vez hay policías federales y militares. Además, informó el sábado del arresto de un policía federal que ya fue vinculado a proceso.
Omar Gómez Trejo, fiscal para el conocido como Caso Ayotzinapa —el nombre de la escuela de magisterio donde estudiaban los jóvenes— hizo el anuncio el sábado, cuando se cumplen 6 años de la masacre que conmocionó México. Dijo que entre la veintena de prófugos también hay funcionarios y exfuncionarios de la antigua Procuraduría General de la República (PGR).
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“Se han otorgado órdenes de detención de militares que se van a ejecutar”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. “El que haya participado y se demuestre va a ser juzgado. Ese es un avance, el que no exista encubrimiento”.
Informe a seis años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, desde Palacio Nacional. https://t.co/eZogCNfVj3
— Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 26, 2020
Familias desesperadas
La falta de certezas sobre el paradero de los estudiantes mantiene a las familias en la desesperación, pero detener y ordenar el arresto de algunos militares plenamente identificados tiene una gran carga simbólica dado el apoyo y la defensa incondicional que el presidente ha hecho de las fuerzas armadas.
María Martínez, madre de uno de los desaparecidos, pidió al gobierno “que apriete un poquito más” la velocidad de los procesos, porque los familiares están “locos de dolor” después de 6 años de incertidumbre, pero dijo que seguían dándole un voto de confianza.
El 26 de septiembre de 2014 policías locales de la ciudad de Iguala, en el sureño estado de Guerrero, capturaron a los estudiantes en esa localidad, con la participación de otras corporaciones de seguridad y de miembros de la delincuencia organizada. Después los estudiantes desaparecieron.
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La considerada “verdad histórica” por parte del gobierno del ahora expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) aseguraba que los jóvenes fueron asesinados y que sus cuerpos fueron incinerados en un basurero de un municipio vecino, Cocula. Sostenía que miembros del crimen organizado tiraron luego sus restos a un río cercano, pero dicha versión ya está totalmente descartada porque los autores confesos fueron torturados.
Alejandro Gertz Manero, actual fiscal general, consideró probado el “encubrimiento generalizado” de la verdad que hizo el gobierno anterior, que según dijo, cometió detenciones arbitrariamente y torturó de forma masiva.
El exfuncionario de más alto nivel que está prófugo y al que se considera uno de los mayores responsables de tal encubrimiento es Tomás Zerón, el entonces jefe de la agencia de investigación federal al que se busca por tortura y ocultación de desaparición forzada
