El presidente Nayib Bukele reformó el reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), con disposiciones que “debilitan u obstaculizan” el acceso de los salvadoreños a la documentación oficial del Gobierno, denunció la abogada constitucionalista Ruth López.
La profesional detalló a El Diario de Hoy que las reformas vulneran la autonomía del Instituto de Acceso a la Información (IAIP) al darle más poderes al presidente de esa entidad versus los demás miembros. Además se reforma el proceso de controversia o proceso para liberar información “reservada” u oculta, así como quita requisitos para ser comisionado.
El IAIP es un órgano de control político sobre el Ejecutivo y debe tener independencia asegurada, por lo cual el presidente “no debiera tener facultades para reformar el reglamento y propiciar la opacidad u ocultamiento de información”, advirtió López.
El reglamento ahora pone más trabas al ciudadano para exigir su derecho a que le den la información. Además, la reforma quitó requisitos para los que se postulan como comisionados, entre ellos la declaración jurada de que el postulante no tenían incompatibilidad para ejercer el cargo. Eliminan la posibilidad de la ciudadanía de tener un control sobre la elección de comisionados, pues ya no podrán impugnar a los candidatos, explica López.
“Tan importante como votar"
Reformaron el Reglamento de la LAIP
1. Vulneran la autonomía del pleno del @iaip_elsalvador otorgando más competencias al presidente
2. Reforman proceso de controversia sobre información reservada
3. Quitan requisitos para ser miembro del IAIP #Grave pic.twitter.com/f35TwqBWHm— Ruth Eleonora López (@Ruth_Lopez1977) September 9, 2020
En lugar de promover decisiones colegiadas, le da más poder al presidente. “Hay una clara intención de intervenir en el IAIP y bloquear a la ciudadanía”, advirtió la abogada.
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“El derecho de acceso a la información pública es tan importante como votar y a nadie se le puede ocurrir impedir el derecho al voto como tampoco a obtener información sobre el proceder y la administración de fondos y recursos públicos por parte de los funcionarios”, recalcó López.
“No sólo es un tema presupuestario, sino de la posibilidad de verificar el ejercicio del actuar de los servidores públicos. Eso lo que están obstaculizando”, denunció.
