Por corrupción es destituido gobernador de Río de Janeiro, Brasil

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El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Brasil ordenó la destitución temporal del gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, por sospecha de corrupción en el manejo de fondos públicos para combatir la pandemia de Covid-19, se informó hoy.

Witzel y su esposa Helena están en el centro de investigaciones sobre corrupción en la lucha contra el patógeno, que resultó en contratos por cerca de 400 millones de dólares de empresas y organizaciones sociales, principalmente vinculadas al empresario Mário Peixoto, arrestado en la denominada operación Favorito el 14 de mayo.

La medida es válida por 180 días. El TSJ también emitió órdenes de detención contra el presidente del Partido Social Cristiano (PSC), pastor Everaldo Días, y el exsecretario de Desarrollo Económico Lucas Tristão.

Ante la determinación de la corte, los abogados de Witzel admitieron en una nota que la defensa del gobernador recibe con gran sorpresa la decisión, 'tomada de manera monocrática y con tanta gravedad', y 'están a la espera de acceder al contenido de la decisión para adoptar las medidas oportunas'.

La Policía Federal cumple en la jornada la llamada operación Tris in Idem que investiga la corrupción en contratos públicos del Ejecutivo de Río.

Además de Witzel, el vicegobernador del estado Claudio Costa y el presidente de la Asamblea Legislativa del territorio, André Ceciliano, son blancos de la acción.

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Las autoridades dictaron 17 órdenes de detención, seis preventivas y 11 temporales, y 72 de registro y decomiso.

Además de estas medidas, en otra investigación, Jorge Mussi, también ministro del TSJ, autorizó 12 órdenes de registro y confiscación en el estado de Piauí, con el fin de reunir pruebas sobre un supuesto plan que designaba funcionarios fantasmas en el gobierno fluminense para malversar dinero público.

Las órdenes se cumplen en otros estados como Espíritu Santo, Sao Paulo, Alagoas, Sergipe, Minas Gerais y el Distrito Federal.

De acuerdo con el Ministerio Público Federal, el objeto de la demanda es los pagos realizados por empresas vinculadas al empresario Peixoto al bufete de Helena Witzel.

También los desembolsos efectuados por una compañía de la familia de Gothardo Lopes Netto a la oficina de la primera dama del estado de Río.

Según la acusación, la contratación del bufete consistió en un artificio para permitir la transferencia indirecta de los valores de Peixoto y Lopes Netto al gobernador Witzel.