CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Autoridades detuvieron a dos investigadores federales acusados de torturar a sospechosos durante la pesquisa sobre los 43 estudiantes desaparecidos en el sur de México hace casi 6 años, aunque el jefe de la indagatoria sigue prófugo.
Un funcionario federal, el cual pidió guardar el anonimato por no estar autorizado a hacer declaraciones sobre una investigación en curso, confirmó el miércoles a The Associated Press que los dos detenidos -uno arrestado en la capital y otro en la ciudad de Mérida, en el sureste del país- eran miembros de la Agencia de Investigación Criminal, dependiente de la fiscalía federal, pero no indicó cuáles eran sus cargos.
Otra persona al tanto de la investigación, que tampoco está autorizada a hablar sobre el caso, dijo que uno era el extitular de la Policía Federal Ministerial, Carlos Gómez Arrieta.
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Estos arrestos suponen otro avance en el nuevo impulso que se le ha dado a la investigación del caso de los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa tras la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador en 2018.
En marzo se supo de la detención de otros tres funcionarios de la fiscalía federal, también por tortura, y la fiscalía le sigue la pista al investigador en jefe, Tomás Zerón, que huyó del país. La Interpol lo busca por obstrucción de la justicia, entre otras cosas.
Además, la identificación de un hueso de un segundo estudiante podría dar nueva luz al caso, porque el hallazgo tuvo lugar en un sitio distinto al que el gobierno anterior identificó como escenario de los hechos.
El equipo de investigadores federales liderado por Zerón está acusado de torturar a sospechosos cuyos testimonios sirvieron para sustentar la así llamada “verdad histórica”. En esa versión se estableció que el 26 de septiembre de 2014 policías locales capturaron a los estudiantes en la ciudad de Iguala, en el estado sureño de Guerrero, y los entregaron a miembros del crimen organizado, quienes los habrían quemado en un basurero y arrojado sus restos a un río cercano.
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Sin embargo, expertos internacionales denunciaron en 2016 que esa teoría se basaba en testimonios de 17 detenidos que aparentemente habían sido torturados, y dos años después una investigación de las Naciones Unidas vio fuertes indicios de tortura en 34 de los arrestados.
Posteriormente, los propios tribunales mexicanos dijeron que toda la investigación estuvo plagada de irregularidades, con lo que el actual gobierno tuvo que reiniciarla casi completamente.
La desaparición de los 43 estudiantes fue el caso que más conmocionó a México durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.
