Critican ley que privatiza el agua en Brasil

brasil

Personalidades, movimientos sociales y organizaciones de Brasil critican la aprobación por el Senado de ese país, este jueves, de un proyecto de ley que allana el camino para privatizar las empresas estatales de agua y saneamiento.

Los promotores de la iniciativa (aprobada con 65 votos a favor y 13 en contra) consideran que de esa manera se brindará un mejor servicio a 35 millones de brasileños que carecen de agua potable y 100 millones cuyas aguas residuales se vierten sin tratar.

 

En un mensaje difundido a través de la red social Twitter, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva,  expresó que no apoya la privatización del agua porque la salud de las personas depende de ello.

 

Manifestó que “el agua tratada es responsabilidad del Estado brasileño” y preguntó: “¿Qué emprendedor va a hacer esto sin rentabilidad? ¿Van a llevar agua corriente a la favela sin obtener ganancias?”.

Al criticar la decisión, la expresidenta Dilma Rousseff, se opuso a convertir el agua en mercancía y añadió que países ricos que privatizaron esos servicios, luego comenzaron a nacionalizarlos nuevamente, “debido a la ineficiencia y la exclusión de los más pobres”.

 

Recordó que el agua tratada y el alcantarillado son fundamentales para proporcionar una vida segura y saludable, y alertó sobre la intención “criminal y perversa” que puede tener este paso en medio de la COVID-19, cuando se ha corroborado que “solo el Estado puede garantizar la salud a todos”.

 

También, declaró que la decisión del Senado amenaza la soberanía nacional porque puede entregar a intereses extranjeros algunas de las mayores reservas de agua potable disponibles en el mundo.

Partido de los Trabajadores en contra 

El Partido de los Trabajadores (PT) fue la única organización política, representada en el Senado, que votó en contra del proyecto el cual pasará ahora a la firma del presidente Jair Bolsonaro.

En las redes sociales ganó prominencia una campaña contra la iniciativa. Sus organizadores promueven que los servicios de saneamiento básico para toda la población no pueden someterse a los intereses privados, en los que prima el beneficio, informó Telesur.