Líderes sociales en Colombia: La cifra real de fallecidos

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) lleva un registro de estos asesinatos, hasta mayo de 2020, más de 100 líderes sociales fueron asesinados en lo que va de año.

Resulta curioso: Muchos textos que llegan de Colombia intentan definir lo que es un líder social, como si el concepto fuera nuevo o no tuviéramos claro ese significado. No será –pregunto– una estrategia de quienes muestran un concepto cambiante e impreciso. ¿Convendrá a determinados sectores no dejar claro lo que es un líder social? Resulta asombroso que el número de víctimas varíe de un sitio a otro o de un organismo a otro. Tal parece que quienes intentan mostrar un menor número de asesinatos pretenden, además, decir que “los otros” no eran líderes sociales.

Año 2020: Los asesinatos continúan

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) lleva un registro de estos asesinatos. Este año, hasta mayo de 2020, el instituto refleja que han asesinado a 101 líderes sociales. Sin embargo, el número de cifras no coincide con las que registra el Ministerio del Interior. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, del 1 de enero al 15 de mayo se han verificado 25 homicidios a líderes sociales. Algunos observadores aseguran que las diferencias están dadas porque en el registro de la Indepaz se incluye a “todos los tipos de líderes sociales y a defensores de derechos humanos”; o sea, campesinos, indígenas, comunales, sindicales, cívicos, mineros. Pero la pregunta vuelve a rondar: ¿los líderes sociales indígenas, o los líderes sociales sindicales o mineros, no se contemplan como líderes sociales? ¿No habrá –se preguntan muchos- la intención de mostrar un menor número de asesinatos?

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Lo cierto es que, de ser así, quedan bajo la duda los números que muestra la propia Fiscalía General de la Nación. Según ellos, el porcentaje de avance en el esclarecimiento de los casos muestra un avance de un 54.54 por ciento. Lo curioso es que, solo durante la cuarentena, han ocurrido asesinatos en Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca, Nariño, Córdoba, Magdalena y Bogotá. Según la Fiscalía General de la Nación, la mayoría de ellos han sido campesinos, indígenas y afrodescendientes. La pregunta es clara: ¿se contabilizan o no estas muertes? Los conceptos varían, las estadísticas también.

¿Qué dice la ONU?

Un reciente informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos sobre la situación en Colombia ha provocado la indagación de Iván Duque, presidente de Colombia. La controversia gira otra vez alrededor de la cifra de líderes sociales asesinados.

La ONU refiere que, en Colombia, el Estado no tiene control sobre casi la mitad del territorio y que son escasas las medidas preventivas que pueden tomarse. Critica, además, “la falta de acceso a la justicia que perpetúa ciclos de impunidad y violencia”. Muchos han comenzado a preguntarse entonces, casi irónicamente, si los datos que muestra la Fiscalía General de la Nación son sobre la mitad del territorio. El presidente ha reaccionado argumentando que es una intromisión en la soberanía nacional de Colombia.

Respecto a los excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), la Misión de Verificación de la ONU indicó, en diciembre pasado, que en 2019 fueron asesinados 77 exinsurgentes, frente a 65 en 2018 y 31 en 2017. El Gobierno señala que los asesinatos no son “sistemáticos”, una palabra que ha encontrado numerosas reacciones en contra si se tiene en cuenta que sistemático es sinónimo de persistente. ¿No son acaso sistemáticos los asesinatos en Colombia? -se ha preguntado en tono irónico un usuario de las redes sociales, quien ha mostrado, incluso, una página de Internet donde se contabilizan los muertos bajo el título: el mapa de la vergüenza.

Lo cierto es que, en medios no estatales, se asegura que el Gobierno no ha usado todas las herramientas disponibles para evitar tales asesinatos, y que las acciones que ha creado son ineficientes.

Otras voces del Gobierno

Claudia Blum, ministra de Relaciones Exteriores, ha señalado, y así lo refiere El Espectador, que el informe de la ONU “no es un diagnóstico integral y actualizado que identifique tanto los retos como los logros existentes”. Y muy en sintonía también con el lenguaje de Iván Duque está la senadora Paloma Valencia que es, además, la encargada del asunto de los líderes sociales por el Centro Democrático. En una entrevista  concedida al periodista Adrián Atehortúa, para hacemosmemoria.org, la senadora asegura que “hay mucha preocupación sobre el tema y que se están tomando todas las medidas necesarias”. Aunque no menciona –y por eso ha sido cuestionada– que, mientras el Senado estuvo de vacaciones todo el mes de enero, fueron ejecutados 19 líderes sociales. Paloma Valencia sí ha asegurado que no piensa que “la izquierda colombiana esté asociada con la criminalidad”, sino que los asesinos se comportan según les convenga. La izquierda colombiana coincide con la ONU y cree que las acciones del presidente continúan siendo inefectivas.

Cortina de humo: Presuntas torturas y arbitrariedad del ejército

Mientras las opiniones van de un lugar a otro, el grupo insurgente Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha reaccionado a varias acusaciones del Gobierno. El ELN, en un comunicado que recoge Cynthia Vargas Castillo, en La FM, asegura que el Gobierno los culpa para crear una especie de cortina de humo. "Sus acusaciones son pérfidas y mentirosas", han dicho. y reiteran que tienden esa cortina para negar sus responsabilidades en el exterminio de líderes comunitarios.

En este caso, el ELN coincide con la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos sobre la situación en Colombia y refiere que hay retrasos en los acuerdos de pazFARC-EP y presuntas torturas y malos tratos por parte de la policía.

De vuelta al concepto

Para algunos analistas, los líderes sociales en Colombia son una muestra de legalidad ante el abandono del Estado; son el fruto de la insuficiencia y de las carestías del propio Gobierno. Es decir, han sido creados por un vacío de poder. Muchos están de acuerdo en que los líderes sociales demandan las tierras de sus comunidades, luchan por el medio ambiente y por los derechos de sus etnias. ¿No resulta coincidente esta conclusión de los analistas cuando afirman que los líderes son fruto de las carestías del Gobierno con el informe de la ONU cuando señala que el Estado no tiene control sobre casi la mitad del territorio?

La Misión de Verificación de la ONU ha concluido señalando que en el 2017 murieron asesinados 33 excombatientes de la FARC-EP, en el 2018 murieron 65 y en el 2019 fueron asesinados 77. A estos 173 se les debe agregar 14 desaparecidos y 29 intentos de homicidio. Pese a esto, el Gobierno insiste en que los asesinatos no son “sistemáticos”.

No habituarse al dolor

Viendo el caso con toda la dimensión que requiere, muchos consideran que el Gobierno ha sido indolente. Otros tratan de tapar sus faltas. Más allá de eso, lo que no puede ocurrir es que la indolencia de quienes no se ocupan termine acostumbrando a muchos al dolor.

Hoy, la pandemia suma un nuevo panorama a la vida en Colombia. Un desempleo creciente, una economía desacelerada, y tardanzas en el reflejo o conteo de los contagiados son temas recurrentes.

Muchos critican al presidente por la forma en la que empezó a tomar medidas. Se le acusa de haber estado “distanciado y desconectado” de la realidad. Según varios analistas políticos, Duque se mantuvo atado a los intereses y al lenguaje del Centro Democrático, pero también, o sobre todo, al sector económico, que lo estaba forzando para que se apartara de la decisión de aislar a la sociedad.

Así se mueve la realidad en Colombia, entre la ambigüedad de los conceptos, datos que cambian de un lugar a otro y noticias plagadas de sinsabor y muerte. No podemos habituarnos al dolor, esa no puede ser nuestra realidad, comentaba un usuario de las redes sociales, informó Telesur.