La ministra de Comunicación del Gobierno de facto en Bolivia, Isabel Fernández, informó este jueves la derogación de la Disposición Adicional Única del Decreto Supremo N° 4.231, y anteriores disposiciones que fueron duramente criticadas y cuestionadas por "criminalizar la libertad de expresión".
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en Bolivia, se sumó a la exigencia de gremios de periodistas, instituciones, sindicatos, Defensor del Pueblo y parlamentarios, para que el decreto que penaliza la información y opinión sea anulado. @temasteleSUR pic.twitter.com/DKAqi5ROAx
— Freddy Morales (@FreddyteleSUR) May 14, 2020
El Ejecutivo que asumió el poder mediante el golpe de Estado perpetrado contra el expresidente, Evo Morales, dejó sin efecto artículos de los Decretos Supremos 4.231, 4.200 y 4.199 que resultaron aprobados en el marco de la emergencia nacional por el coronavirus y que, al mismo tiempo, vulneraban el derecho a la libertad de prensa.
Críticas en defensa de la libertad
La legislación derogada sancionaba por la vía penal la difusión de la información "escrita, impresa y/o artística" que genere "incertidumbre en la población", lo que otorgaba un carácter tremendamente subjetivo y arbitrario a la disposición.
La oficina en Bolivia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre otras organizaciones coincidieron en criticar esa normativa.
- Te puede interesar: Delcy Rodríguez: Estados Unidos quiso legalizar intervención contra Venezuela
El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, señaló que tras analizar las exigencias de gremios de periodistas, instituciones, sindicatos, Defensor del Pueblo, parlamentarios y organismos internacionales, el gabinete de la presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, optó por respetar y defender "la libertad, así como defendemos y respetamos la democracia", informó el medio de noticias venezolano Telesur.
