La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, sede Bolivia (Oacnudh Bolivia), pidió que las autoridades de facto del país que revisen y modifiquen la recientemente promulgada norma que criminaliza la libertad de expresión.
En su cuenta de la red social Twitter, Oacnudh Bolivia expresó que “la respuesta penal al ejercicio de la libertad de expresión, como medio para combatir la desinformación en el marco de la pandemia del COVID-19, resulta excesiva”.
2. Como señaló el Relator de ONU sobre Libertad de Expresión en su último informe sobre la pandemia #COVID19, “los principios de legalidad y necesidad deben ser aplicados en cualquier tratamiento a la desinformación (…) la penalización de la desinformación es desproporcionada”.
— OACNUDH Bolivia (@Oacnudh_BO) May 13, 2020
“Como señaló el relator de ONU sobre Libertad de Expresión en su último informe sobre la pandemia COVID-19: los principios de legalidad y necesidad deben ser aplicados en cualquier tratamiento a la desinformación (…) la penalización de la desinformación es desproporcionada”, agregó el organismo internacional.
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La Oacnudh Bolivia también recordó que la alta comisionada, Michelle Bachelet, recientemente expresó que “en lugar de amenazar a periodistas o acallar las críticas, los Estados deberían alentar un debate saludable sobre la pandemia y sus consecuencias”.
3. Por su parte, la Alta Comisionada de la #ONU para los Derechos Humanos @UNHumanRights, @mbachelet, ha enfatizado que “en lugar de amenazar a periodistas o acallar las críticas, los Estados deberían alentar un debate saludable sobre la pandemia y sus consecuencias”.
— OACNUDH Bolivia (@Oacnudh_BO) May 13, 2020
Anulación de la norma
“El decreto supremo 4231 sobre difusión de información durante la pandemia debe ser modificado para no criminalizar la libertad de expresión y hacerlo plenamente compatible con las obligaciones internacionales del Estado”, sentenció la instancia de derechos humanos.
El organismo también brindó su experiencia y preparación para contribuir en la modificación y mejor formulación de la norma, si ese fuera el interés del Gobierno de facto.
Otros entes defensores de los derechos humanos, como la Defensoría del Pueblo de Bolivia exigió también la anulación de la norma, informó Telesur.
