Autoridades colombianas capturaron en el departamento del Putumayo, en la región amazónica, a Abel Antonio Loaiza, señalado de ser el presunto responsable de la muerte de por los menos once líderes sociales y excombatientes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) entre 2019 y 2020.
La detención estuvo precedida por un enfrentamiento con integrantes del cuerpo de élite de la Policía Nacional y de la Fiscalía el pasado jueves. Loaiza resultó herido en una pierna.
Según la Policía y la Fiscalía colombianas, alias 'Azul', como se le conocía, supuestamente arribaba a las viviendas de sus víctimas, entablaba una conversación con ellas y las asesinaba. En otras oportunidades, los ultimaba sin mediar palabra.
¿Quién era 'Azul'?
Según los datos que poseen las autoridades, Loaiza pertenecería al frente 48 de las disidencias de las FARC, que se disputa el control en la zona suroccidental colombiana. Alias 'Azul' se dedicaría al sicariato en los municipios de Puerto Guzmán, en Putumayo, y Piamonte, en el Cauca, en el suroccidente del país.
Según Semana, formaría parte de la llamada 'caravana de la muerte', conformada por un grupo de motorizados que atentaban contra la vida de líderes sociales campesinos que habían abandonado los cultivos ilícitos y que impulsaban estas acciones en sus comunidades.
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A Loaiza se le imputan los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, fabricación y porte de armas de fuego y desplazamiento forzado.
Del total de 169.000 hectáreas de coca sembradas en el país suramericano, 38.170 se encuentran en Putumayo, por lo que este departamento ocupa el tercer lugar de cultivos ilícitos, detrás de la región pacífica y del Caquetá.
El número de líderes sociales asesinados en Colombia pareciera no frenar durante este año. A la fecha, según el reporte del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), 72 líderes sociales y defensores de los derechos humanos han sido ultimados, mientras que 21 exmiembros de las FARC que se acogieron al acuerdo de paz han sido asesinados.
Los defensores de derechos humanos y organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) han pedido respuestas más contundentes del Estado ante esta cifra de asesinatos, que se incrementa diariamente.
