El Gobierno de Ecuador justificó este jueves, a través de un comunicado, la represión contra los manifestantes que en octubre salieron a las calles durante 10 días para rechazar la reforma económica que pretendía imponer el Gobierno de Lenín Moreno.
El texto, emitido por la Cancillería de Ecuador, cuestiona el informe presentado por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (OACDH) que confirma el uso innecesario y desproporcionado de la represión por parte de las fuerzas de seguridad de esa nación.
"El comunicado (de la OACDH) pone un desmesurado acento en los supuestos excesos de la fuerza pública, mientras muy de paso describe el gran daño causado por los manifestantes a personas y bienes públicos y privados, o la virulencia de los disturbios, que provocaron terribles efectos", apuntó el canciller ecuatoriano José Valencia.
Para el Gobierno de Ecuador, "el supuesto uso excesivo de la fuerza por las fuerzas antidisturbios" es una "apreciación que el Ecuador encuentra injustificada".
- Te puede interesar: Votarán acusación contra el presidente de Chile, Sebastián Piñera
De acuerdo con el informe del organismo internacional, durante las jornadas de movilizaciones populares de octubre en Ecuador hubo nueve muertos, 1.507 heridos, entre ellos 435 agentes de seguridad, y así como 1.382 detenidos.
Testimonio de Luis Simbaña, obrero, padre de 3 hijos, quien sufrió impactos de la represión de Policía y Militares en Ecuador en el mes de octubre. pic.twitter.com/bTwj7BflQ9
— Jaime Vargas (@jaimevargasnae) December 5, 2019
Al respecto, según el canciller, la Fiscalía General del Estado investiga los casos de denuncias de presunto uso excesivo de la fuerza".
El documento de la oficina de la ONU también señala que hubo "individuos no identificados, ajenos a los organizadores de las protestas, incitaron a la violencia o realizaron actos violentos".
Asimismo, acotó que la fuerza pública "no empleó medios letales para rechazar los ataques de los violentos" y que, por este motivo, "no se produjeron ni heridos ni muertos por disparos de armas de fuego de la fuerza pública”.
Derecho a la protesta
La OACDH argumentó que los ciudadanos "deberían poder expresar sus quejas sin temor a ser lesionados", no obstante, los testimonios recogidos de los ecuatorianos indican que recibieron de forma constante gases lacrimógenos y perdigones disparados a corta distancia, informó Telesur.
