Indígenas son detenidos por asesinato de militares en Guatemala

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Ciudad de Guatemala, Guatemala | AFP | La policía de Guatemala capturó este miércoles a tres mujeres y cinco hombres indígenas acusados de la muerte de tres militares en septiembre pasado en el noreste del país, que llevó al gobierno a decretar estado de sitio, informaron fuente oficiales.

Las detenciones ocurrieron tras 19 allanamientos en la aldea Semuy II del poblado caribeño de El Estor, donde el pasado 3 de septiembre presuntos narcotraficantes emboscaron y asesinaron a tres miembros del Ejército, señaló el Ministerio de Gobernación (Interior) en un comunicado.

Los detenidos fueron identificados como Pedro Chub Chub, de 52 años, Olivia Much Ich (38), Alberto Choc Cu (56), Oliverio Coy Choc (35), Silverio Cac Tiul (37), Angelina Coy Choc de Cha (50), Enrique Cuc Tiul (38) y Rosa Ich Chi (29). 

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Por su lado, el Ministerio Público (fiscalía) indicó en su cuenta de Twitter que los detenidos son "los presuntos responsables del enfrentamiento" con los militares

"De acuerdo con la investigación, son personas que colaboran con una estructura de narcoactividad, dedicándose al cultivo de ilícitos para la estructura criminal", agregó la fiscalía.

La patrulla militar fue atacada en la población indígena maya-q'eqchi' mientras rastreaba una aeronave sospechosa de traficar droga, según fuente oficiales.  

Estado de sitio

La muerte de los militares llevó al gobierno a decretar el estado de sitio en 22 municipios del noreste guatemalteco, restringiendo garantías constitucionales como el derecho de manifestación y la portación de armas.

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El presidente Jimmy Morales informó la semana pasada que en dos meses del estado de excepción fueron desmantelados cinco laboratorios para producir cocaína y se destruyeron más de 2,3 millones de plantas de coca, principal insumo de la droga.

Morales sostuvo que las acciones evitaron que Guatemala se convirtiera en un país productor de cocaína. 

Organizaciones sociales e indígenas se opusieron al estado de sitio al señalar que fue ordenado para militarizar la región donde existen comunidades que se oponen a la actividad minera.