San Salvador, 30 oct (EFE).- Diversas organizaciones sociales de la comunidad LGTBI de El Salvador condenaron este miércoles el "silencio" de las autoridades ante la tortura y asesinato de una mujer trans el domingo pasado y exigieron una investigación.
De cuerdo con las organizaciones, Anahí Miranda Rivas fue raptada, torturada y asesinada en la capital del país centroamericano, crimen que calificaron de feminicidio.
"Condenamos la falta de pronunciamiento de las autoridades del Gobierno de El Salvador, ese silencio incomodo que provoca impunidad", señalaron las activistas en el documento.
También señalaron la "inoperancia del Ministerio Público, pasivo y cómplice con acciones que violentan el respeto a la vida de la población LGTBI".
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De igual forma, apuntaron que los procesos penales por crímenes de odio contra las personas LGTBI "han quedado en total impunidad".
Unas 20 representantes de las organizaciones de la diversidad sexual protestaron frente a una de las sedes de la Fiscalía General de la República (FGR) para exigir una investigación y proceso contra los responsables del homicidio.
Reportes de la prensa local dan cuenta de que Miranda fue raptada y arrastrada en un vehículo por un trayecto de unos cinco kilómetros en San Salvador mientras era asfixiada por desconocidos.
600 asesinatos en impunidad
Datos de las organizaciones sociales señalan que desde 1993 más de 600 personas del colectivo han sido asesinadas y la mayoría de casos se mantienen en la impunidad.
La comunidad LGTBI también ha denunciado un "total retroceso" en el respeto a sus derechos con la eliminación de la Dirección de Diversidad Sexual con la llegada del nuevo Gobierno el 1 de junio pasado.
Esta oficina estaba encargada de "promover la erradicación del a discriminación por orientación sexual e identidad de género" y de "impulsar la creación de políticas públicas" para su beneficio.
La violencia y discriminación que sufre esta comunidad en El Salvador obliga a sus miembros a huir del país para no morir a manos de las pandillas o de los cuerpos de seguridad de un Estado, al que acusan de ser "cómplice" de los asesinatos y la impunidad.
Datos proporcionados a Efe por la Asociación Comunicando y Capacitando Trans (COMCAVIS-TRANS) en agosto pasado señalan que entre 2018 y 2019 se reportaron 151 casos de desplazamiento forzado de personas LGTBI.
Las principales víctimas son las mujeres trans con el 67,5 % de los casos y le siguen los hombres gais con el 17,2 %.
