México, 4 oct (EFE).- Un juez mexicano ordenó la liberación de tres presuntos implicados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, lo que provocó este viernes críticas por parte del Gobierno federal.
En un foro de derechos humanos, Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), señaló que el juez primero de procesos penales de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, absolvió de los delitos de delincuencia organizada y secuestro a tres hombres.
Estos son Oziel Benítez, Carlos Cantos Salgado y Raúl Javier Crespo, sospechosos de pertenecer a un grupo criminal.
En menos de un mes, el mismo jurista ha liberado a 29 presuntos implicados, lo que significa que, de un total de 142 detenidos, solo quedan 64 bajo proceso que también podrían quedar en libertad, explicó el funcionario, quien también preside la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotiznapa.
"Este tipo de resoluciones nos dejan en el peor de los mundos, por un lado agravian el derecho de las víctimas al colocar por encima del derecho de las víctimas el derecho de los victimarios, en lugar de reponer un proceso. Y en segundo lugar, no se castiga", manifestó Encinas.
Otra vez el juez de Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, otorgó ayer autos de libertad a tres personas más vinculadas en el caso #Ayotzinapa. De las 142 personas detenidas, solo quedan 64 bajo proceso. pic.twitter.com/AcJO9SO8Mj
— Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) October 4, 2019
La noche del 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes que se desplazaban en autobuses fueron atacados a tiros por policías corruptos en el municipio de Iguala, ubicado en el sureño estado de Guerrero.
En el ataque murieron seis personas y 43 jóvenes fueron detenidos por policías municipales y entregados a integrantes del cártel Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura, según la versión oficial.
Pero un grupo de expertos nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigó el caso y sostuvo la imposibilidad de que los 43 cuerpos fueran quemados en el basurero y desveló que parte de la versión oficial se basaba en testimonios de detenidos torturados.
El subsecretario Encinas coincidió este viernes en que la indagatoria del sexenio anterior, del expresidente Enrique Peña Nieto, estuvo "mal hecha" y "mal fundada", pero rechazó que esto justifique la "desmantelación" de la actual investigación porque va en contra del reclamo de los familiares de los desaparecidos.
"Yo mismo he señalado que ha habido omisiones, que hubo negligencia, que hubo tortura, que hubo prácticas ilegales, sembrado de pruebas, pero eso no implica exonerar de la responsabilidades de los delitos que evidentemente cometieron la mayor parte de las personas que obtuvieron la libertad", expresó.
El funcionario federal anunció que ha pedido a la judicatura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación investigar la conducta del juez Ventura Ramos, quien podría haber incurrido en errores corrupción al liberar a estos detenidos bajo el argumento de "violencia injustificada".
