Tucson (EE.UU.), 13 sep (EFE).- Un exsacerdote católico que abusó sexualmente de un niño de 11 años a principios de la década de los años 90 en Nuevo México y fue extraditado a EE.UU. desde Marruecos, recibió sentencia este viernes de 30 años de prisión, informó la Fiscalía.
La jueza federal Martha Vázquez impuso la máxima sentencia posible al exsacerdote Arthur Perrault después de que un jurado lo declarara culpable el pasado mes de abril.
De acuerdo con documentos presentados ante la corte de Nuevo México, las autoridades sospechan que existen múltiples víctimas, pero el caso en contra Perrault, de 81 años de edad, se concentró en el abuso sexual de un niño de 11 años que le asistía como monaguillo.
Perrault abusó del menor en el Cementerio Nacional de Santa Fe y en la Base Militar de la Fuerza Aérea de Kirtland, cuando ejercía como sacerdote en ambos lugares.
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Durante el juicio, seis hombres testificaron que también habían sido molestados sexualmente por Perrault cuando eran unos niños.
El exsacerdote sirvió en varias iglesias de Nuevo México antes de dejar Estados Unidos en 1992.
La evidencia estableció que, ese año, Perrault huyó de Nuevo México a Marruecos, luego de enterarse de que algunas de sus víctimas tenían la intención de revelar que habían sido abusados sexualmente por el exsacerdote.
Las autoridades policiales marroquíes arrestaron a Perrault el 12 de octubre de 2017 a pedido de Estados Unidos con una orden de detención provisional emitida con base a la acusación, dice un comunicado anterior de la Fiscalía de Nuevo México.
Marruecos ordenó su extradición y el FBI asumió la custodia de Perrault el 20 de septiembre de 2018 y lo transportó a Estados Unidos. Desde entonces ha estado bajo custodia federal.
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Perrault trabajó en el Centro Estadounidense de la Lengua en Marruecos durante más de 20 años, hasta que la investigación del FBI terminó en cargos federales.
Los fiscales están procesando el caso como parte del Proyecto Infancia Segura (Project Safe Childhood), una iniciativa nacional lanzada en mayo de 2006 por el Departamento de Justicia para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil.
