Los diputados solicitaron este lunes a la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) abrir una investigación contra el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado.
El objetivo es que la PEP determine si el mandatario violó el deber de probidad al no revertir la suspensión y remoción de los miembros de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica (BCR), que fueron cuestionados por el caso mediáticamente conocido como el Cementazo.
En octubre del 2017, el expresidente Solís -contra quien también piden nuevamente una investigación por presuntas faltas éticas- suspendió a los entonces directivos Mónica Segnini, Evita Arguedas, Francisco Molina, Paola Mora y Alberto Raven, luego de que estos se negaran a renunciar.
- Te puede interesar: México prepara plan para frenar flujo migratorio a Estados Unidos
La novela continuó a mediados de diciembre del 2018, cuando el exministro de la Presidencia Rodolfo Piza anunció la determinación de la administración actual de despedir a Segnini, Molina y Mora, quienes para esa fecha llevaban más de un año suspendidos.
Para esas fechas la decisión se basó en dos resoluciones, una que concluía que Mora habría incumplido el deber de probidad y otra que apuntaba que Segnini y Molina habrían contribuido al debilitamiento de la cultura corporativa.
Informe
De vuelta a agosto del presente año, el informe de mayoría de la comisión que investiga lo relacionado a la resolución de la PEP a favor del expresidente Luis Guillermo Solís, recoge que la decisión de Alvarado -que avaló la postura del exmandatario- roza con la ilegalidad.
Lo anterior, ya que Solís basó la suspensión de los directivos en una supuesta recomendación de Javier Cascante, entonces superintendente de Entidades Financieras (Sugef), cuando en palabras del propio funcionario eso no ocurrió.
“Ante la consulta directa del diputado Roberto Thompson al señor Cascante, él de manera clara y concreta señaló que ninguna de estas seis condiciones (para remover a un directivo) había sido realizada por los exdirectores del Banco de Costa Rica
De lo anterior se desprende que pudo existir una violación del principio de legalidad que debe amparar las actuaciones de todos los funcionarios públicos, así podríamos estar en presencia de un acto absolutamente ilegal, como es el nombramiento de una nueva junta directiva del Banco de Costa Rica desde el 2017”, destaca el informe, que esperan llegue pronto al Plenario legislativo. Este agrega: “Ciertamente, la Sugef dio a entender que había una elevada conflictividad en la jerarquía del Banco de Costa Rica, que era necesario tomar medidas, pero no se sugirió remover o quitar a miembros de la Junta Directiva. El exsuperintendente Cascante mencionó que no era la tarea de la Sugef hacer esa sugerencia o recomendación. Así, el actuar en desapego a lo dispuesto por la norma aplicable podría traducirse en la violación del principio de legalidad, la comisión de algún tipo de ilícito a partir de las decisiones que se tomaron de manera injustificada en perjuicio del erario y los intereses de los costarricenses”. En cuanto a la administración Alvarado Quesada, el documento que se recoge en el expediente 20.877 añade: “Es necesario que la Procuraduría de la Ética Pública, así como el Ministerio Público verifiquen si las decisiones tomadas por el Consejo de Gobierno tenían fundamento legal, y si estas actuaciones tienen repercusiones de pago de dobles dietas a directores suspendidos y a nuevos directores, o lesiones a los intereses económico-financieros por los que debe velar el Banco de Costa Rica”. En el informe los legisladores aprovecharon para recordar que, según la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, los nombramientos en los cargos de la Junta Directiva son inamovibles, es decir no pueden ser revocados, salvo cuando se configure una de las causales que establece dicho cuerpo normativo, situación que no habría ocurrido en este caso, informó DIARIO EXTRA. 
