Por orden judicial, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien se encuentra preso desde abril de 2018 en la cárcel de la Policía Federal en Curitiba, será transferido a un recinto penitenciario de Sao Paulo, de acuerdo con el fallo de la jueza Carolina del Lebbos.
Lula cumplirá su sentencia en un "establecimiento" de Sao Paulo, luego que la defensa del ex presidente pidió el cambio, entre otras cosas, para que pueda estar más cerca de su familia.
La Policía Federal sostiene que su estancia en Curitiba causa problemas no solo para el correcto de las instalaciones, sino también a toda la zona donde se encuentra el centro.
La jueza Carolina Lebbos ha aceptado esta tesis y, en una resolución publicada este miércoles a primera hora, ha autorizado que el exmandatario sea trasladado a Sao Paulo. "Corresponderá a la autoridad policial adoptar las medidas apropiadas", reza el texto.
Revelan profundas fallas en el caso judicial contra Lula
Este fallo se produce después que el portal The Intercept denunció que varios fiscales actuaron deliberadamente y hasta coordinadamente con el juez y actual ministro de Justicia, Sergio Moro, para perjudicar al expresidente.
Tras las revelaciones contra Moro, los abogados del expresidente pidieron la nulidad del proceso y su libertad inmediata.
Argumentaron que el exjuez Sergio Moro actuó de forma parcial y cometió ilegalidades que impidieron un juicio justo.
Entre las revelaciones destaca que Moro encontró que la declaración a la Justicia de Antônio Palocci, un testigo clave entre los que acusó al expresidente por crímenes de corrupción era insuficiente para probar la culpabilidad, y que asimismo decidió difundir el video de su testimonio a la prensa.
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Ese testimonio se publicó en octubre de 2018, seis días antes de la primera vuelta electoral en Brasil, que finalmente ganó el actual presidente Jair Bolsonaro.
La falta de pruebas para sostener el relato del exministro no impidió que medios de conocida línea anti izquierda utilizaran el material de forma sensacionalista.
El Código de Proceso Penal brasileño es claro: un juez es “sospechoso” si aconsejó a alguna de las partes del proceso y, en tal caso, el juicio debe anularse.
Lava Jato inició en 2014 con un caso de lavado de dinero y fue ampliada por una cadena de delaciones que implicaron a empresarios y políticos en el caso judicial más importante de corrupción en Brasil y también en América Latina, informó Telesur.
