El proceso de discusión de la propuesta de reforma constitucional impulsada por el Gobierno de Panamá, para reforzar la institucionalidad y la lucha anticorrupción, comenzó este martes en una comisión del Parlamento, que se reunió con miembros del ente civil que elaboró el proyecto.
Se trata de la Comisión de Gobierno del Parlamento unicameral, donde debe desarrollarse la primera de las tres discusiones obligatorias para una primera aprobación del proyecto legislativo.
Para su entrada en vigor, el proyecto de cambios constitucionales debe ser aprobado por dos legislaturas distintas de la Asamblea Nacional (AN), y luego sea ratificado en un referendo popular que el Gobierno del nuevo mandatario panameño, Laurentino Cortizo, aspira se realice el próximo año.
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La Comisión de Gobierno, presidida por el diputado Leandro Ávila, del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), recibió a miembros del Consejo Nacional para la Concertación y el Desarrollo, el ente civil que durante 9 meses redactó la propuesta de reforma constitucional y la entregó a Cortizo, quien asumió el poder el pasado 1 de julio para el período 2019-2024.
La reunión de este martes en la sede del Parlamento, de 71 escaños, 40 en poder del partido de Gobierno y sus aliados, "sirvió para ilustrar a los diputados" miembros de la Comisión de Gobierno sobre el contenido del proyecto de reformas a la Constitución de 1972, dijo Ávila a los periodistas.
La próxima semana la Comisión invitará "a algunas personalidades para que den su punto de vista sobre la base del trabajo que ha hecho la Concertación Nacional", añadió el diputado del PRD.
Cambios
En el paquete de 40 artículos se proponen reformas a ciertos aspectos de la Constitución, las más destacadas las que afectan a los poderes Judicial y Legislativo.
Se crea por ejemplo un Tribunal Constitucional, y se quita al presidente del país la facultad de elegir exclusivamente a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes sí serán designados por el jefe del Estado pero a partir de una terna propuesta por la Concertación Nacional.
Se mantiene en la reforma que las designaciones de los magistrados de la máxima corte, que estarán en los cargos por un período de 15 años -ahora es 10 años- deben ser ratificadas por el Parlamento.
Otro cambio propuesto es que tanto los jueces del Supremo como los diputados de la Asamblea Nacional sean investigados y procesados por el Ministerio Público, a diferencia de ahora, cuando los legisladores son procesados por los magistrados de la máxima corte y estos por los parlamentarios.
La propuesta también robustecen económicamente al Órgano Judicial y al Ministerio Público al determinar que sus recursos asignados no serán inferiores, en su conjunto, al 2 % del Presupuesto General del Estado, y propone que los diputados solo se puedan reelegir una vez.
Precisamente aspectos como la reelección por una sola vez de los legisladores es una de las cuestiones por las que sectores civiles dudan que los parlamentarios aprueben la propuesta de reformas constitucionales tal como les fue entregada la semana pasada por el vicepresidente panameño, José Gabriel Carrizo.
"El país entero espera estar decidiendo en referéndum la reforma de nuestra Constitución el próximo año", dijo Carrizo, e instó a los legisladores a dejar atrás "los estandartes de partidos y las agendas particulares" para aprobar unos cambios constitucionales que no sea cosméticos.
Enrique De Obarrio, miembro de la Concertación Nacional, ha sostenido que ese ente civil se concentró en eleborar reformas que afectan "la parte orgánica del Estado, para atender un clamor nacional en cuanto a aquellos espacios que se prestan para la corrupción y debilitan la institucionalidad".
La última reforma a la Constitucional en Panamá se realizó en 2004, informó la agencia de noticias EFE.
